Ferreras (Ceuta Ya!): "El Gobierno no puede mirar hacia otro lado ante esta vulneración de derechos humanos"

El ‘tubo de la vergüenza’, el espacio donde permanecen hacinadas las personas en proceso de expulsión de España, ha sido objeto de crítica en la Asamblea de Ceuta. El Grupo Ceuta Ya!, en voz de Alejandra Ferreras, ha interpelado al Gobierno local para conocer su valoración sobre las condiciones en las que se encuentran estas personas y qué medidas tiene previsto adoptar.

Ferreras ha denunciado que el lugar donde se retiene a estas personas hasta su expulsión resulta “inadmisible”, ya que permanecen durante horas en condiciones “lamentables e intolerables, expuestas a la intemperie, sin agua ni acceso a servicios básicos”. Además, ha recordado que su formación remitió una carta a la Delegación del Gobierno advirtiendo que llevarían el asunto a la Fiscalía, sin haber recibido respuesta.

Asimismo, ha recriminado al PSOE que estas prácticas ocurran bajo “el Gobierno más progresista de la historia” y ha exigido explicaciones concretas sobre la postura del Ejecutivo local al respecto.

El consejero de Presidencia, Alberto Gaitán, ha respondido que la sesión de control está destinada a tratar asuntos de la gestión autonómica, aunque ha afirmado que el Ejecutivo local es consciente de la necesidad de reforzar la presencia del Estado en Ceuta, especialmente en materia de seguridad fronteriza.

Gaitán ha destacado el “máximo reconocimiento” al trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera, subrayando que las instituciones estatales son “garantes de los derechos humanos, también de las personas expulsadas”. Además, ha insistido en que la frontera está en proceso de modernización y que el Gobierno local seguirá reclamando más medios materiales y humanos para su gestión.

Sin embargo, Ferreras ha acusado al consejero de no responder a la cuestión central y de desviar el discurso hacia la seguridad en lugar de abordar las condiciones en las que se encuentran las personas en el “tubo de la vergüenza”. “Es una actitud propia de Vox”, ha afirmado, denunciando que el Ejecutivo local representa “al PP de la tragedia del Tarajal”.

Finalmente, ha insistido en que “una administración pública no puede mirar hacia otro lado ante una vulneración de los derechos humanos” y ha exigido una respuesta clara sobre qué medidas concretas tomará el Gobierno. Gaitán, por su parte, ha defendido la actuación del Ejecutivo, asegurando que se garantiza la legalidad y los derechos humanos en el proceso de expulsión.