Servicios Sociales paga casi 23.900€ mensuales por alojar en recursos de emergencia a 13 familias

El artículo 47 de la Constitución Española consagra que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Pero la vivienda y el acceso a un techo digno se ha convertido en uno de los principales problemas de la sociedad española de nuestros días. También en Ceuta. El precio del alquiler se ha disparado en la ciudad con una de las tasas de población en riesgo de exclusión social más elevadas del país (40 por ciento). Pero la Ciudad, como poder público, promueve políticas para paliar situaciones determinadas. El PSOE le ha preguntado al Gobierno este jueves los datos concretos sobre los programas de alojamiento alternativo y las ayudas al alquiler.

El Gobierno gasta cada mes casi 23.900 euros en pagar recursos habitacionales de emergencia -hostales básicamente- a 13 familias con un total de 32 personas que se encuentran dentro del programa de alojamiento alternativo. Son 1.836 euros por familia y 746 euros por plaza cada mes. 

El tiempo medio de estancia de estas personas en esos recursos habitacionales de emergencia es de un año y 28 días: 393 días. Pero esa es la media, hay quien dura 4 meses (el que menos) tiempo y hay quién ha estado 2 años y 7 meses, el que más.

Además, la Ciudad entrega 203 ayudas para alquiler. 58 incorporadas en este 2025 y 145 arrastradas de años anteriores. De todos esos programas en los últimos 2 ejercicios han salido 3 unidades familiares con destino a vivienda pública, concretamente en la promoción de Padre Feijóo.

Cupo de alojamiento alternativo en las promociones del Plan de Vivienda

De la respuesta dada por el consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, Alejandro Ramírez, quizás lo más relevante es que ha anunciado que en las viviendas que planea construir el Gobierno dentro del Plan de Vivienda -hay previstas un millar- se prepara “un cupo determinado” de cara a estas nuevas promociones para las familias que estén en riesgo de exclusión social, ha explicado Ramírez.

El planteamiento inicial del Plan de Vivienda preveía varias promociones destinadas íntegramente para este colectivo, la mayoría apoyadas en la colaboración privada. Después cambió el planteamiento en la primera modificación que se llevó al Pleno. Desapareció la colaboración con empresas privadas. La Ciudad asumiría la construcción de todas las viviendas, menos 480 que correspondería levantar a SEPES. ¿El problema? Es que eran justo las promociones de Loma Colmenar y de la parcela en la trasera de la antigua prisión las que se preveía destinar a esas rentas exiguas para las que es imposible acceder al mercado habitacional y que esas promociones son las únicas que no tienen aún una planificación temporal. Es decir, se dejaba a este colectivo para el final de todo el Plan de Vivienda.

De las palabras de Ramírez se deduce que esa “colaboración con expertos” que ha citado ha aconsejado lo que en casi todas partes del territorio patrio: reservar un cupo para estas situaciones de emergencia en cada promoción que se haga.

En el “Plan de Vivienda, una parte muy importante va dedicada a atender a las familias vulnerables que están dentro del programa de alojamiento alternativo. Dentro de las promociones se va a destinar cupos concretos y esas familias podrán tener una vivienda y dejar esos recursos alternativos”, ha explicado Ramírez.

Y ha abundado: “El objetivo con la ejecución y creación de nueva vivienda pública que se va a construir una parte importante es dejar a cero el número de beneficiarios que están en alojamiento alternativo. El objetivo es que tengan un recurso habitacional definitivo y no se den estas situaciones de alojamiento en agóstales o diferentes lugares”.

Derecho no limosna

El portavoz socialista, Sebastián Guerrero, ha venido a suspender al Gobierno en la materia. “Hablar de vivienda es hablar de dignidad, igualdad, oportunidad y justicia social. No hay política más humana ni necesaria. Ceuta necesita una política de vivienda eficaz, transparente y humana. La Ciudad no puede mirar hacia otro lado ante una realidad que golpea cada vez con más fuerza”, ha arrancado antes de plantear más de una decena de preguntas sobre estas políticas.

El acceso a la vivienda digna “no es un favor, es un derecho constitucional”, ha recordado Guerrero. El socialista ha acusado al Gobierno de mirar hacia otro lado con este asunto y ha atacado la falta de agilidad para resolver el día a día y también la falta de luces largas para resolver el asunto.

Pagos atrasados

Así, Guerrero ha dibujado lo que ha calificado como “un círculo vicioso”. “Los arrendadores desconfían porque los pagos llegan tarde, las ayudas se retrasan. No alquilan porque no cobran o cobran tarde y la Ciudad acaba gastando más en alojamientos”. Lo que acaba, según la descripción de la situación realizada por Guerrero con esos pagos de casi 23.900 euros en “recursos de emergencia como hoteles y pensiones por falta de alternativas”. 

“Demoras, lagunas y carencias que retrasa estos programas y cronifica las situaciones de exclusión”, ha descrito Guerrero.

Se lo ha negado Ramírez: “No estamos de acuerdo en la afirmación que dice que numerosos arrendadores muestran reticencias a alquilar por las demoras de las prestaciones por la administración. El abono del pago del alquiler se realiza del 1 al 5 de cada mes por adelantado. La Comisión se reúne a final de cada mes para poder pagar la primera semana ese es el procedimiento”, ha zanjado Ramírez.