El PP denuncia la falta del compromiso del PSOE con la conectividad y el transporte

En una respuesta escrita al diputado por Ceuta, Javier Celaya, en relación con el contrato de Gestión de Servicios de la Línea Marítima de Interés Público Algeciras-Ceuta —actualmente adjudicado a la compañía Baleària Eurolíneas Marítimas S.A. y con fecha de finalización el próximo 1 de julio— el Gobierno ha reconocido que “el proceso de licitación se encuentra a la espera de que se formalicen los necesarios acuerdos de elevación del techo de gasto, para hacer frente a las obligaciones presupuestarias que se deriven del contrato”.

Sobre este contrato, la Comisión Mixta de Insularidad aprobó en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) el pasado 13 de junio de 2024, instando al Ejecutivo a garantizar la adecuada e imprescindible conectividad de la Ciudad de Ceuta con la península, mediante la adopción de todas las medidas necesarias y pertinentes, así como asegurando el acceso a servicios de transporte aéreo con un coste asumible y precios accesibles para la ciudadanía.

Durante el debate de dicha PNL, el diputado Celaya defendió la necesidad de aumentar la financiación del contrato de gestión para la citada línea marítima, a cambio de exigir a la futura naviera adjudicataria en 2025 tarifas más reducidas para pasajeros y vehículos. Según sus palabras, “no sólo no se mejora el contrato, sino que desaparece, dejando los precios del barco sin ningún límite”.

La misma Proposición No de Ley también reclamaba la incorporación de la bonificación por residencia al transporte ferroviario. Sin embargo, según denunció Celaya, no se ha avanzado al respecto, y el Gobierno ha justificado su inacción en ayudas alternativas recogidas en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero. Desde su perspectiva, el Ejecutivo ha eludido su responsabilidad alegando la existencia de otras medidas, como el fomento de servicios públicos de bicicletas o los abonos gratuitos para Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional hasta el 30 de junio de 2025.

A la falta de avances en materia de conectividad y ayudas al transporte se suma la insuficiente dotación presupuestaria de la Dirección General de Aviación Civil en los Presupuestos de 2023 para las bonificaciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares, cifrada en 560,8 millones de euros. En contraste, según la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), el coste real de estas subvenciones en 2024 ascendió a aproximadamente 1.100 millones de euros. El Ejecutivo cubrió esta diferencia mediante el Fondo de Contingencia, abonando parte de la deuda acumulada de 2024 con los fondos asignados para 2025, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados.

Ante esta situación, Celaya expresó su preocupación por la sostenibilidad del servicio de helicóptero, destacando que alrededor del 80 % de los pasajeros de Hélity son residentes y que un retraso en el abono de las bonificaciones por parte de la Dirección General de Aviación Civil podría dejar a la ciudadanía ceutí sin este medio de transporte.

Según el diputado, esta situación evidencia la debilidad de un Gobierno que ni siquiera ha sido capaz de presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2025. En sus palabras, recordó la afirmación hecha por Pedro Sánchez en 2018: “un gobierno que no tiene Presupuestos es un gobierno que no puede gobernar, que no puede hacer nada. O presupuestos o elecciones, pero no se puede seguir perjudicando a todos los españoles, y especialmente a los ceutíes, sólo por aferrarse al sillón en la Moncloa”.

Ante este contexto, el Partido Popular ha exigido:

1. La licitación inmediata de un nuevo contrato de gestión de la Línea Marítima de Interés Público Algeciras-Ceuta, que contemple una reducción de tarifas para pasajeros y vehículos.

2. La restitución de la bonificación para residentes en Ceuta y Melilla en el transporte ferroviario en todo el territorio nacional.

3. La garantía por parte del Gobierno de que no se producirán retrasos en el pago de las bonificaciones al transporte aéreo de residentes no peninsulares, especialmente a la compañía Hélity.

El Grupo Parlamentario Popular ha reiterado su compromiso de seguir reclamando el cumplimiento de estas obligaciones. Según Celaya, “no se trata de privilegios, sino de derechos básicos. La conectividad no es un lujo: es una necesidad para quienes vivimos en territorio extrapeninsular”.