El Pleno aprueba un Plan de Residuos "desfasado" entre críticas por “incineradoras”, datos viejos y la carrera por las subvenciones
El Plan de Residuos sale adelante pese a los datos obsoletos, las críticas de la oposición y la mención a una posible incineradora. El Gobierno lo defiende como llave para captar subvenciones y aliviar el coste del traslado de basura a la península
El Pleno de la Asamblea ha aprobado este martes, de manera definitiva, la actualización del Plan Integral de Gestión de Residuos. El documento ha salido adelante con 14 votos a favor, 6 abstenciones y el resto en contra, en un debate marcado por las críticas al desfase de parte del contenido y por las dudas sobre su tramitación. VOX y Ceuta Ya! han sido los más duros con el consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, a quien han reprochado que el plan incorpore datos y diagnósticos que ya no se corresponden con la realidad de la ciudad.
El anterior plan caducó en 2022 y el Gobierno logró prorrogarlo hasta diciembre de 2024. Ramírez ha adelantado que habrá una nueva actualización en unos seis meses, algo que justificó por la velocidad con la que cambia la normativa y la propia gestión de residuos. La propuesta aprobada hoy, ha defendido, es “imprescindible” para garantizar una gestión “eficaz y eficiente”, avanzar en la valorización de residuos y generar empleo.
La oposición, sin embargo, ha puesto el foco en los errores y anacronismos del documento. Algunos ejemplos han sido especialmente llamativos: referencias a una población de 78.000 habitantes, cifras de tránsito fronterizo propias de hace más de una década o menciones a los residuos generados en los polígonos del Tarajal antes del cierre de la frontera comercial. Las enmiendas presentadas por entidades como EcoCeuta o Ecoembes, admitidas en su mayoría, también señalan estos desfases y reclaman coherencia con los datos que la propia Ciudad remite a organismos externos.
Subvenciones y 4,4 millones anuales
Ramírez ha insistido en un argumento que ha repetido varias veces: disponer de un Plan Integral actualizado es un requisito legal para acceder a subvenciones. La aprobación del documento, ha subrayado, permite a la Ciudad reclamar al Estado hasta 4,4 millones de euros anuales para compensar el coste del traslado de residuos a la península, además de optar a otras ayudas vinculadas a la gestión y valorización.
La sombra de la incineradora
El plan menciona expresamente la posibilidad de implantar una planta de compostaje —con un coste estimado de un millón de euros anuales— y sitúa como ubicación óptima el entorno de la actual planta de transferencia. Pero también abre la puerta a una incineradora de residuos orgánicos y hospitalarios, una referencia que ha encendido las alarmas en la oposición.
Fatima Hamed (MDyC) ha preguntado directamente por esta cuestión. Ramírez ha evitado concretar, aunque sí ha confirmado que “operadores privados” están tramitando propuestas para realizar en Ceuta la valorización completa de los residuos y reducir así el envío a la península. “El objetivo es valorizar el cien por cien en la ciudad”, ha afirmado.
Críticas por el desfase del documento
VOX y Ceuta Ya! han cuestionado no solo el contenido, sino también el procedimiento. Juan Sergio Redondo ha recordado que informes jurídicos de la Ciudad y de la Abogacía del Estado advierten de que la fórmula utilizada para aprobar la actualización no es la adecuada. Mohamed Mustafa ha ido más allá y ha acusado al Gobierno de “desprecio” hacia el Medio Ambiente y de utilizar el plan únicamente como “requisito para que el Estado transfiera más dinero”.
Mustafa ha denunciado además la presencia de expresiones “inaceptables” en el documento, como la clasificación de la población de Ceuta en “españoles, berberíscos árabes y judíos”. “En román paladino: españoles son los cristianos y el resto, ya veremos”, ha ironizado.
El portavoz localista ha reclamado que el plan vuelva “al cajón” y se redacte uno nuevo, aunque no ha presentado enmienda formal para ello.
Aprobado… y con deberes
Pese a las críticas, el documento ha quedado aprobado. Ahora el Ejecutivo afronta el reto de justificar ante el Estado la petición de los 4,4 millones anuales y de avanzar en las medidas que el propio plan recoge: desde campañas de concienciación para mejorar la separación en origen hasta la implantación de nuevas fórmulas de valorización, incluida la planta de compostaje. Mientras tanto, operadores privados ya han iniciado movimientos para posicionarse en este nuevo escenario.