Carlos Verdejo irrumpe como no adscrito con una enmienda que aprieta las cuentas de los grupos

El Pleno de la Asamblea encara este martes un debate que, sobre el papel, iba de políticas sociales… pero que llega con un giro inesperado. El exdiputado de Vox y ahora no adscrito, Carlos Verdejo, estrena etapa parlamentaria metiendo el dedo en la llaga de la financiación de los grupos y la transparencia interna. Y lo hace con una enmienda que, como mínimo, obligará a todos a mirarse al espejo.

El PSOE pide revisar la política social de arriba abajo

La propuesta original es del Grupo Socialista. Su portavoz, Sebastián Guerrero, reclama una evaluación completa de todo lo que la Ciudad hace —o intenta hacer— en materia social. El diagnóstico que presentan no es amable: casi el 40% de la población cerca del umbral de pobreza, servicios desbordados y un modelo que, según ellos, falla más por cómo se gestiona que por falta de dinero.

Los socialistas reconocen el trabajo del tercer sector, pero avisan: por mucho que las entidades se esfuercen, no pueden sustituir a una política pública bien diseñada. Y ahí es donde sitúan el problema. Hablan de un gasto elevado que no se traduce en mejoras reales, de un Centro Asesor al límite y de una ciudad que sigue sin un albergue para personas sin hogar.

Su propuesta: parar, analizar, medir y reconstruir. Con profesionales, entidades y grupos políticos sentados en la misma mesa y con objetivos claros que puedan evaluarse.

Y entonces aparece Verdejo con su enmienda

En su primera intervención como diputado no adscrito, Verdejo decide mover el foco. Si se habla de política social, él quiere hablar también de cómo se financian los grupos y de qué hacen con ese dinero.

Su enmienda plantea cuatro movimientos que, de aprobarse, cambiarían la rutina interna de la Asamblea:

• Renunciar a la mitad de la asignación anual de los grupos, siempre que el Gobierno garantice que ese dinero irá directamente a familias vulnerables, personas sin hogar y colectivos en riesgo.
• Crear una Unidad de Inspección independiente, con capacidad real para auditar subvenciones y exigir devoluciones si no se cumplen los objetivos.
• Publicar trimestralmente las cuentas completas de cada grupo, desde personal hasta viajes o comidas, para que cualquier ciudadano pueda ver en qué se gasta cada euro.
• Abrir un registro público de contratos y asesores, detallando funciones y resultados, con evaluaciones periódicas.

Un paquete que mezcla transparencia, control y un mensaje político claro: si se pide responsabilidad en lo social, también debe haberla dentro de la propia Asamblea.

Un debate que va más allá de lo social

La sesión de este martes no solo medirá el apoyo a la propuesta socialista, sino también la disposición de los grupos a aceptar el desafío de Verdejo. Su enmienda obliga a posicionarse sobre cuestiones incómodas: cuánto cuesta la política, cómo se fiscaliza y quién controla a quién.

Mientras tanto, el fondo del asunto sigue ahí: Ceuta afronta cifras duras en pobreza y desigualdad, y el debate sobre cómo revertirlas se cruza ahora con otro sobre cómo se gestiona el dinero público desde dentro.

Un Pleno que prometía ser técnico se convierte así en un test de transparencia, prioridades y coherencia. Y, de paso, en el estreno de un Verdejo que ha decidido que su nueva etapa no será silenciosa.