Los 60 acusados en el proceso del caso Emvicesa irán a juicio. La Audiencia Provincial ha dictado un auto por el que rechaza todos y cada uno de los recursos que las defensas plantearon, y lo hace dieciocho meses después de que finalizase la instrucción.
Según fuentes consultadas por Ceuta Actualidad, la vista del proceso judicial más relevante en términos políticos de los últimos años no se celebrará por lo menos hasta dentro de un año. Será entonces cuando acusados y testigos desfilen por la sala de la Audiencia para esclarecer si hubo o no comportamientos delictivos en la gestión y adjudicación de las viviendas de protección oficial propiedad de la sociedad municipal Emvicesa.
La juez Raquel Lucini dictaba el 19 de noviembre de 2018 un auto de procesamiento contra 60 personas presuntamente implicadas en una red que habría traficado con viviendas de protección oficial bajo la dirección del exgerente de Emvicesa, Antonio López. Los delitos presuntamente cometidos según el auto incluían malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental.
El auto de la Audiencia Provincial desestima uno por uno los 19 recursos interpuestos contra la resolución de la juez Lucini, todos ellos, excepto uno, orientados a reclamar su revocación y el sobreseimiento de la causa.
La Sala no acepta las alegaciones planteadas por Antonio López, principal acusado en el caso, basadas en supuestas “irregularidades y anomalía procesales”.
La investigación de la juez
La investigación dirigida por la juez Lucini acusaba a los por entonces miembros de la Comisión Local de la Vivienda Mohamed Alí, Rabea Mohamed y Susana Román, que sumaban nueve imputaciones por prevaricación, falsedad documental, malversación y tráfico de influencias. Mohamed y Román, consejeras del Gobierno del popular Juan Vivas, abandonaron inmediatamente sus responsabilidades de gobierno y sus escaños en la Asamblea. Alí sigue siendo portavoz de Caballas en el pleno municipal y el líder de su organización.
La investigación también señala a cinco trabajadores de Emvicesa, a tres individuos que actuarían como intermediarios entre López y los compradores, al exgerente del PP José María González Barceló y a otras 47 personas a quienes se atribuye la presunta comisión de un delito de cohecho.
El auto de Lucini
El auto de la juez Lucini avalado ahora por la Audiencia Provincial concluía que el que fuera gerente de Emvicesa y otros investigados denominados “captadores” formaban “una organización criminal” a través de la cual el primero “entregó (que se haya podido acreditar) viviendas de la promoción 170 de Loma Colmenar y lo intentó respecto de la conocida como lista fantasma de las 317 viviendas (que quedó frustrado por su cese), previo pago de precio” por parte de particulares.
Según la juez, “cuando los captadores tenían a un particular interesado en la vivienda, lo ponían en conocimiento del cabecilla, quien, por su cargo, lograba que ingresaran en la lista de adjudicatarios”. Lucini subrayaba en su resolución que la mayoría de quienes se encontraban imputados por cohecho en el procedimiento reconocieron haber entregado dinero a los miembros de la organización.
