El documento remitido al Ayuntamiento como un aval de pago de 7,2 millones de euros se reduce a un escrito de cuatro líneas en el que la Delegación del Gobierno se limita a expresar su “firme voluntad” de cumplir “con los compromisos adquiridos con esta Ciudad”.
El documento, cuya entrega esperaba el Gobierno local para recoger los 7,2 millones en sus Presupuestos para 2020, incluye a mano, además de la rúbrica de la delegada, Salvadora Mateos, la leyenda “estimado presidente”.
El tenor literal de la nota es el siguiente: “Mediante la presente quiero hacer constar la firme voluntad de esta Delegación de que, en el marco de la nueva legislatura que arrancó hace unos días, una vez esté constituido el nuevo Gobierno, se les dé continuidad a los compromisos adquiridos con esta Ciudad Autónoma respecto a la desalinizadora y en material de seguridad y control de fronteras”.
El escrito se limita así a la mera expresión de una voluntad política. La nota difícilmente puede tener efectos jurídicos a la hora de contabilizar como ingresos en los Presupuestos Municipales los 7,2 millones que reclama la Ciudad.
El documento de la Delegación pretendía poner fin al conflicto entre administraciones suscitado después de que el Gobierno central decidiese no prorrogar los convenios que financiaban el funcionamiento de la planta desalinizadora y la prestación de servicios municipales en la frontera. Los 7,2 millones con los que estaban dotados estos convenios habían desaparecido así de la previsión de ingresos de la Ciudad, una circunstancia que, ante las quejas del Gobierno local, llevaron a la Delegación a anunciar que esa merma sería compensada con un aval de Hacienda.
