Presentará una propuesta al Pleno para “Iniciar el expediente” para avanzar hacia la municipalización

Caballas defiende la gestión directa para el servicio de autobuses

Ahora es el momento de que el Pleno haga una reflexión política serena, y sobre todo rigurosa, sobre cuál es la mejor forma de gestionar este servicio atendiendo a los intereses generales, entiende la formación

Autobuses de línea estacionados ante las puertas del Mercado Central (C.A.)
photo_camera Autobuses de línea estacionados ante las puertas del Mercado Central (C.A.)

El próximo mes de septiembre se extingue la pintoresca relación que vincula a la Ciudad con la empresa que presta el servicio de transporte urbano de viajeros después de 50 años. De manera inexplicable, la Ciudad ha venido prestando un servicio público, de los considerados esenciales, sin que exista un título que regule las condiciones que la empresa concesionaria debería cumplir. Desde una extraña concesión administrativa en tiempos del Protectorado, hasta la actualidad, el Pleno de la Asamblea no ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, y su participación se ha limitado a ser un mero espectador de una serie de “interpretaciones” legales que han terminado conduciendo a este esperpento.

No obstante, este periodo de opacidad (administrativa) e impunidad (empresarial) sí ha servido para poner de manifiesto las nefastas consecuencias que para el interés general acarrea este modo de gestión en servicios públicos de esta naturaleza. Durante estas últimas décadas la organización del servicio ha pivotado sobre el “beneficio empresarial” y no sobre el objetivo prioritario de disponer de un servicio de calidad, moderno y capaz de conectar de manera adecuada todo el territorio a precios asequibles. La empresa ha establecido líneas, horarios y frecuencias a su antojo (con la connivencia parcial y esporádica de los gobiernos de turno) en función de la rentabilidad económica de cada uno de los servicios. El resultado es que tenemos una flota de autobuses obsoleta, antigua y desvencijada, unas instalaciones impropias de un servicio municipal, zonas de la ciudad a las que no llega nunca el autobús; otras en las que la frecuencia es desesperante; rutas “kafkianas”, servicios reiteradamente demandados e incumplidos (nueva prisión, autobuses nocturnos, conexión interbarriadas, universidad, etc).

Ahora es el momento de que el Pleno haga una reflexión política serena, y sobre todo rigurosa, sobre cuál es la mejor forma de gestionar este servicio atendiendo a los intereses generales. Antes de continuar, y para evitar desplazar el debate a los “prejuicios caducados” de que la gestión directa es de “izquierdas”, debemos señalar que en los Ayuntamientos de mayor población que gobierna el PP (Madrid y Málaga) el servicio de autobuses lo presta una empresa pública.

Como ventajas de la gestión directa, con carácter general, podemos enumerar:

Calidad del servicio: Las empresas contratistas están para ganar el máximo dinero posible; si bajan los costes (reduciendo medios en cantidad o calidad) consiguen aumentar los beneficios que van a los bolsillos de los accionistas. Con la gestión directa desaparece esta tensión, los posibles beneficios se reinvierten en mejorar el servicio o abaratar el precio, y además la institución dispone de los resortes para controlar que el servicio funcione bien, sin tener que andar detrás de la empresa contratista que luego hace caso o no.

Ahorro presupuestario: La eliminación de los contratos supone la desaparición de partidas como el beneficio empresarial engordan innecesariamente la factura del servicio pagado por el Municipio. El Tribunal de Cuentas y otros organismos han realizado informes que avalan estos ahorros de la gestión directa, que en algunos casos ha llegado hasta un 50%. En nuestro caso, debemos añadir que la Ciudad ya paga más de 300.000 euros anuales a la actual concesionaria.

Participación en la gestión: Mientras la gestión privada niega por principio la participación, la directa sí posibilita que trabajadores y usuarios participen, en los términos que se considere, en la gestión del servicio; y en la medida que esto ocurra, la implicación será mayor, repercutiendo en una mayor eficacia de los recursos e incluso un ahorro de costes.

Condiciones laborales de los trabajadores. Otra manera de aumentar los beneficios empresariales el abaratar costes laborales, ocasionando un deterioro generalizado de las condiciones laborales de los trabajadores, afectados por despidos, bajada de sueldos, subcontrataciones, pérdida de derechos, etc., lo que sin duda repercute negativamente en las condiciones del servicio que se presta. -

Estas evidencias, perfectamente contrastadas en el caso del servicio de autobuses de Ceuta, invitan a adoptar una decisión más reflexiva que la simple y cómoda inercia de “seguir como estamos” porque los autobuses “no dan problemas”. Porque el hecho cierto es que sí dan problemas. No al Gobierno, pero sí a los ciudadanos y ciudadanas. Ceuta es una ciudad muy pequeña que podría quedar perfectamente conectada con una red de líneas diseñada para garantizar una movilidad integral, lo que favorecería la vida social y se podrían crear nuevas dinámicas de participación de todos en la vida ciudadana. 

La ley establece con mucha claridad y precisión el procedimiento que se debe seguir para la municipalización de un servicio público. Es una decisión que requiere al menos tres acuerdos plenarios y una exposición pública de una memoria que debe ser determinante para la adopción del mejor acuerdo posible. Por ello, la propuesta de acuerdo que trasladará Caballas al Pleno será la de “Iniciar el expediente” y con ello poder constituir la Comisión de Estudio prevista en la Ley para la redacción de la correspondiente memoria para avanzar hacia la municipalización del servicio de autobuses.

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