La prestación de los servicios de asesoramiento y atención directa a colectivos vulnerables que presentan algún tipo de discapacidad recae en nuestra Ciudad sobre un conjunto de entidades y asociaciones privadas sin ánimo de lucro, que conciertan sus actividades con el Gobierno de la Ciudad, mediante la firma de los correspondientes Convenios anuales.
Este modelo supone, en la práctica, que estos servicios son financiados, en un porcentaje muy elevado con fondos públicos, pero que son administrados por entidades privadas siguiendo sus propios criterios. Este hecho puede provocar algunas disfunciones.
Caballas considera que la aplicación de fondos públicos obliga, siempre y en toda circunstancia, a garantizar los principios de igualdad y solidaridad.