Chandiramani se suma en Sevilla a los reproches de los consejeros de Hacienda del PP al Gobierno central

Los consejeros de Hacienda de los gobiernos autonómicos del PP se reúnen en Sevilla para censurar la "tendencia centralizadora inédita" que atribuyen al Gobierno de Pedro Sánchez.

Un momento de la reunión de los consejeros de Hacienda (CEDIDA)
photo_camera Un momento de la reunión de los consejeros de Hacienda (CEDIDA)

La consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se ha sumado hoy al reproche que los consejeros de Hacienda de los gobiernos del PP en Madrid, Galicia, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía han dedicado al Gobierno central por su gestión de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Los populares celebraban esta mañana un encuentro en Sevilla tras el cual hacían público una declaración conjunta dirigida a censurar al Gobierno de España.

En la declaración, los consejeros populares acusan al Gobierno de Pedro Sánchez de haber “descuidado la coordinación y cooperación con las administraciones territoriales” y le atribuyen una “tendencia recentralizadora inédita”.

Al término del encuentro, Chandiramani mostraba su agradecimiento a sus compañeros de partido y responsables de Hacienda de los cinco gobiernos que han participado en el encuentro por su “sensibilidad” hacia los problemas que enfrenta Ceuta. La consejera ha calificado de “tsunami” las consecuencias que para la ciudad ha tenido la pandemia y ha vuelto a insistir en que Ciudad está asumiendo competencias en el ámbito de la educación, la sanidad y la inmigración que no le corresponden.

 

Reivindicaciones

Los consejeros han suscrito un decálogo en el que, entre otras peticiones, reclaman la convocatoria inmediata del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la coordinación de la actividad presupuestaria y de endeudamiento de las haciendas regionales y la estatal. Además, exigen el cumplimiento de la

Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), la revisión de los objetivos de estabilidad para 2020,

una distribución “justa, equilibrada y coordinada” del límite de déficit y deuda entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas y promover el consenso para la distribución del Fondo Covid correspondiente a 2021.

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