“Debemos conocer cuál es el alcance real del problema”. El portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha defendido hoy en el pleno de la Asamblea la necesidad de elaborar una relación de las construcciones levantadas ilegalmente en terrenos de titularidad pública. Verdejo ha acusado al Gobierno local de mantener durante años una actitud de “inacción”, evidenciada en la demora de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana que, a juicio del diputado, ha generado un problema de orden social.
“Existe un mercado negro de viviendas ilegales”, ha advertido Verdejo, que ha llegado a asegurar que en la ciudad existen “palacios” propiedad de una “oligarquía” que vive ajena al imperio de la ley.
El inventario solicitado por Vox plantea la inclusión de los tipos de construcciones y de su impacto en su entorno más inmediato.
La propuesta de Vox ha despertado las suspicacias del diputado de Caballas, Mohamed Alí. El parlamentario de la coalición ha mostrado su preocupación por las consecuencias que pueden derivarse de una “sesgada” interpretación de la lucha contra la obra ilegal.
Alí ha reprochado a Vox un enfoque erróneo que no considera los derechos de muchos ceutíes que ocupan sus viviendas en barriadas centenarias. “¿Qué van a hacer con barriadas que tienen más de cien años de historia, con la gente que no tiene papeles de sus casas? ¿Qué van a hacer en Benzú, El Príncipe, el Pasaje del Recreo o el Recinto?”, ha protestado el diputado, antes de acusar a Verdejo de someter a una “obsesiva persecución” a determinadas barriadas de la ciudad.
Mientras, la consejera de Fomento, Kissy Chandiramani, ha defendido la gestión de los gobiernos ceutíes durante los últimos años para la erradicación de las construcciones ilegales. Chandiramani ha recordado que durante la pasada legislatura se incoaron 500 expedientes por obra ilegal y se demolió una docena de construcciones. Pese a ello, el Grupo Popular ha votado a favor de la elaboración de la relación propuesta por Vox.
Inventario del parque inmobiliario
También ha resultado aprobada una segunda propuesta de Vox para la aprobación de un inventario general del parque inmobiliario registrado como titularidad pública.
