El TSJA declaró esta semana la nulidad de la base 29 de los Presupuestos por la que algunos miembros del Gobierno que son funcionarios en situación de servicios especiales, perciben en sus nóminas la indemnización por residencia.
Para el consejero de Economía y Hacienda "la sentencia no es firme y admite recurso de casación". La Ciudad va a recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Ha recordado Gaitán que "el Tribunal Supremo ha reconocido recientemente la capacidad de autoorganización de la Ciudad", aunque en todo caso "el Gobierno va a cumplir la ley".
El consejero ha manifestado que el Ejecutivo entiende que "no hay ningún tipo de problema ético puesto que hay derechos que son reconocidos por el Estatuto Básico de la Función Pública que se aplica a los funcionarios y que la base de ejecución de los presupuestos no deja de ser una norma con cauces para su aprobación. establecidos en el Reglamento de la Asamblea".
El portavoz ha señalado que se "están recabando los informes jurídicos precisos para conocer el alcance de la sentencia". Por eso, no ha precisado si en la próxima nómina los afectados percibirán el complemento de indemnización por residencia. También ha indicado que el fallo no establece condenas.
Gaitán desconoce cuándo se incluyó la base de ejecución, pero recuerda que es un acto aprobado por el Pleno de la Asamblea. Ha insistido en que la Ciudad cumplirá con la legalidad vigente.
