Política

El de los nombramientos irregulares de miembros del Gobierno no es el único procedimiento que el sindicato mantiene vivo contra la Ciudad

El Gobierno, acuciado por el frente judicial abierto por UGT

El secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, dialoga con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (C.A./ARCHIVO)
photo_cameraEl secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, dialoga con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (C.A./ARCHIVO)

La UGT se ha convertido en la organización sindical más activa en los tribunales o, al menos, la que mejor ha sabido colocar en el escaparate los resultados de sus acciones judiciales contra el Gobierno de la Ciudad.

“Nuestros índices de éxito son altísimos porque los de incompetencia del Gobierno son altísimos”. El sindicalista Antonio Ramírez asegura no encontrar otra explicación a las reiteradas sentencias favorables a las tesis de su organización que los tribunales han dictado en los litigios que la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) ha abierto contra la Ciudad.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo que concluye la incompetencia de la Ciudad para nombrar miembros del Gobierno a personas que no hayan sido elegidas en las urnas ha sido el último golpe propinado por la FeSP-UGT a los populares de Juan Vivas. La obligada destitución de los siete viceconsejeros nombrados este pasado verano –ninguno de ellos consiguió un escaño en la Asamblea- es uno de los últimos blasones que el sindicato luce en su escudo.

La UGT se ha convertido en la organización sindical más activa en los tribunales o, al menos, la que mejor ha sabido colocar en el escaparate los resultados de sus acciones judiciales contra el Gobierno de la Ciudad. Así ocurrió en el caso de la designación del puesto oficial mayor, que el sindicato impugnó ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 por considerar que se había diseñado a la medida de la actual secretaria del Ayuntamiento, María Dolores Pastilla. El Juzgado dejó sin efecto el nombramiento. El de oficial mayor fue retirado posteriormente por el Gobierno de la relación de puestos de trabajo de la Ciudad.

Más llamativo resultó el frente que el sindicato abrió contra el procedimiento seguido para la convocatoria de una plaza de ingeniero de caminos. El sindicalista Ramírez llegó a entregar a los periodistas un sobre cerrado en cuyo interior figuraba el nombre del trabajador municipal que, según el sindicato, acabaría obteniendo la plaza. El tablón de anuncios del Ayuntamiento recogía semanas después la confirmación de que el nuevo puesto había sido adjudicado a Pedro Sierra, el empleado cuyo nombre había sido introducido por el sindicalista de UGT en el sobre premonitorio.

El sindicato mantiene impugnado el nombramiento en la jurisdicción contencioso-administrativa. Una acción judicial del PSOE, en este caso por vía penal, contra el presunto favoritismo del Gobierno hacia este mismo funcionario fue archivada.

La sentencia del Supremo que determina la incapacidad de la Ciudad para integrar en el Gobierno a personas no electas puede tener consecuencias más allá del forzado cese de los afectados. Los sindicalistas de UGT, por ejemplo, no descartan, a la espera de la resolución de otro proceso abierto por la designación como consejeros la pasada legislatura de Javier Celaya y Kissy Chandiramani, que tampoco fueron elegidos en las urnas, aprovechar la jurisprudencia que pueda crearse para utilizarla en otros de los procesos contra la Ciudad.+

El sindicato, además, mantiene vivos otros frentes. FeSP-UGT tiene previsto denunciar los nombramientos de los 17 directores generales de la Ciudad –las demandas contra tres de las designaciones ya han sido formalizadas- y de los asesores que, a su juicio, se cerraron irregularmente.

Los ugetistas no consideran imposible plantear que si el Gobierno acogió en su seno a consejeros que no podía serlo, los actos que refrendaron serían tan nulos como sus propios nombramientos.

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