Tragsa ha vuelto a ocupar el debate del pleno de la Asamblea. Los grupos parlamentarios Caballas y MDyC han presentado sendas propuestas por las que han solicitado, respectivamente, la imposición de una cláusula que obligue a la sociedad estatal a contratar a sus trabajadores a través del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y la apertura de una negociación para el establecimiento de una tarifa especial en la ciudad.
En su intervención, el portavoz de Caballas, Juan Luis Aróstegui, ha desautorizado las cifras ofrecidas por el Gobierno sobre el empleo generado por Tragsa en la gestión de los proyectos de obra que le han sido encomendados por la Ciudad. Según Aróstegui, las contrataciones de personal de la sociedad estatal benefician en el mayor número de casos a trabajadores foráneos.
La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha contradicho los argumentos de Aróstegui y defendido que Tragsa ha creado 117 puestos de trabajo de manera directa y otros 400 de manera indirecta. Chandiramani ha recordado que 85 de los empleados por la sociedad estatal figuran en las listas del SEPE.
La petición de Caballas de recurrir al SEPE para formalizar estos contratos ha sido recibida con una contraoferta del Grupo Parlamentario Popular por la que se ha comprometido a apoyar la propuesta con un voto condicionado a que la medida sea viable jurídicamente. Para ello se elaborará un informe que estará disponible antes del 10 de enero. Caballas ha aceptado la transaccional planteada por los populares.
Un precio especial
Los diputados populares han respaldado la posibilidad de abrir una negociación para requerir a Tragsa un precio especial para sus trabajos en la ciudad. La diputada de MDyC, Fátima Hamed, proponente de la iniciativa, ha recordado que tarifas de este tipo ya rigen en territorios insulares como Canarias. Los precios entre los precios peninsulares y los canarios oscilan entre el 5% y el 6%, ha explicado Hamed.
El consejero de Fomento, Néstor García, ha precisado, sin embargo, que las diferencias de precios obedecen a una cuestión fiscal y no a criterios de singularidades sociales o económicas, tal y como ha defendido la diputada de MDyC. Pese a ello, García se ha comprometido a negociar con la sociedad estatal la viabilidad de algún recorte en los costes de sus servicios a la ciudad.
