El Gobierno local no acepta el documento que ayer mismo la Delegación del Gobierno le remitió como aval de que el Estado ingresará en las arcas municipales las ayudas por valor de 7,2 millones de euros con las que se venían financiando la producción de agua y los servicios que la Ciudad presta en el entorno fronterizo. El escrito de cuatro líneas que la delegada, Salvadora Mateos, hizo llegar al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, no supone garantía alguna para los responsables municipales.
“No vamos a valorar un documento que no es más que una manifestación política –declaraba esta mañana el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán- Lo que tendría validez jurídica sería un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros”.
El Gobierno de Vivas ha decidido incluir en su proyecto de Presupuestos Municipales para 2020 los 7,2 millones contabilizados como ingresos, aunque, al tiempo, congela partidas por idéntico montante cuya ejecución quedará supeditada a que el Estado haga efectivas las ayudas.
