Entrevista con el secretario general del PSOE

Hernández: “Me sorprende la contradicción del PP: pide 7,2 millones pero su Gobierno cobra cantidades indebidas”

El secretario general del PSOE ceutí repasa con Ceuta Actualidad la situación de la ciudad: las relaciones entre socialistas y populares, los 7,2 millones que la Ciudad reivindica al Gobierno central, la crisis fronteriza... 

La legislatura comenzó con buenas noticias para el PSOE. Por primera vez en casi 30 años, el partido se encontraba en condiciones de ejercer su influencia en el Gobierno de la Ciudad. Los socialistas aprovecharon que, por primera vez en dos décadas, el PP no tenía mayoría absoluta para forjar con los conservadores un acuerdo que, aunque negado insistentemente por ambas partes, debía sostener al Gobierno de Vivas.

El espejismo duró unos cuantos meses. El secretario general del PSOE, Manuel Hernández, ha atribuido siempre a los populares la responsabilidad de aquella ruptura. En la sede de su partido, el socialista argumenta ante un redactor de Ceuta Actualidad las razones que, según su visión de las cosas, precipitaron la quiebra de confianza entre los dos socios.

Vox se ha instalado en la crispación, y está arrastrando al PP de manera evidente

Hernández desempolva la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo que negaba al presidente de la Ciudad competencia para nombrar consejeros y viceconsejeros a personas que no hubieran sido elegidas en las urnas. La resolución, que Vivas interpretó como un menoscabo de la autonomía de Ceuta y de su capacidad de autoorganización, obligó a los populares a prescindir de todos sus viceconsejeros no electos.

“Nosotros teníamos una opinión, y la dimos –explica Hernández- Parece ser que esto al PP no le sentó nada bien. Y fue desde entonces cuando vimos un acercamiento cada vez mayor de los populares hacia la ultraderecha. Vox se ha instalado en la crispación, y está arrastrando al PP de manera evidente”.

Los recelos rompían una inédita y muelle luna de miel entre populares y socialistas, un entendimiento que reportó al PSOE algunos beneficios: cinco puestos de personal eventual que, bajo el nombre de controladores de barriadas, siempre habían sido asignados a afines al PP, la Vicepresidencia primera de la Asamblea y la gerencia de la televisión pública RTVCE.

“Nosotros queríamos formar parte de los controladores para fiscalizar la gestión del Gobierno –argumenta Hernández- Teníamos personas que conocían las barriadas y las demandas de los ciudadanos”.

Vivas ha cobrado indebidamente en 2018 casi 19.500 euros

A pocos días de consumarse el divorcio, el presidente Vivas convocó una rueda de prensa para anunciar que el Gobierno central había rehusado renovar dos convenios de gran relevancia para la gestión de los servicios municipales: los que financiaban la producción de agua y las prestaciones que la Ciudad ofrece en el entorno fronterizo, incluida el área de estacionamiento de vehículos de Loma Colmenar. En total, 7,2 millones de euros.

“Me sorprende el espíritu contradictorio que reina en el PP y el Gobierno de la Ciudad: por un lado, se demandan 7,2 millones, pero, por otro, los miembros del Gobierno cobran cantidades indebidas”, reprocha el socialista.

Hernández se refiere a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha declarado contrario a derecho el pago de la indemnización por residencia a los miembros del Gobierno que reúnen la condición de funcionarios en servicios especiales.

El secretario general del PSOE afirma que Vivas era consciente de la ilegalidad de estos pagos desde 2012, año en el que la Intervención General de la Administración del Estado emitió un informe en el que negaba el cobro de este plus al por entonces senador popular José Luis Sastre. “Vivas ha cobrado indebidamente en 2018 casi 19.500 euros”, denuncia.

Hernández, sin embargo, no acaba de aportar ninguna certidumbre acerca de si el Gobierno central abonará los 7,2 millones de euros pendientes.

El hecho de que la delegada no haya salido ante la opinión pública para hablar y concretar detalles no quiere decir que no se esté haciendo una gestión eficaz para solucionar los problemas de Ceuta

La quiebra del acuerdo que unía a PP y PSOE coincidió con el inicio del estallido de la crisis fronteriza. Los populares no han cesado de criticar la falta de respuesta del Gobierno central a sus requerimientos de ayuda para enfrentar lo que no han dudado en calificar de situación de emergencia. El silencio de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, no es para el secretario general de los socialistas motivo de censura: “El hecho de que no haya salido ante la opinión pública para hablar y concretar detalles no quiere decir que no se esté haciendo una gestión eficaz para solucionar los problemas de Ceuta. Lo que sucede es que hay cuestiones de Estado que es preciso preservar. Hay que ser prudente y cauteloso. Yo aplaudo esa labor de la delegada, esa discreción y esa prudencia que está obligada a mantener”.

Precisamente, las relaciones entre Mateos y Hernández no han sido las mejores desde que la socialista fue designada delegada del Gobierno. La pasada semana, el secretario general del PSOE anunciaba que se había iniciado un acercamiento, un proceso que Hernández explica de una manera un tanto críptica: “Es la Delegación la que se acerca al partido y el partido el que se acerca a la Delegación. No es que el partido se haya alejado de la Delegación y que la Delegación no haya dado ningún paso para acercarse al partido. Esto es cuestión de dos”.

Nosotros no vamos a pronunciarnos hasta que no resuelva la justicia (sobre la situación de la socialista Cristina Pérez en la promoción de vivienda pública de Serrano Orive)

El líder de los socialistas ha de lidiar también con la singular situación en la que se encuentra la miembro de su ejecutiva y vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Pérez. La Ciudad ha iniciado el proceso de desalojo de la promoción de vivienda pública Serrano Orive por considerar que la mayoría de los inquilinos no cumplen con las condiciones bajo las cuales fueron adjudicadas las casas en su día. Un grupo numeroso de los inquilinos se resiste a entregar las llaves y abandonar las viviendas. Una de ellos es, precisamente, Pérez.

Hernández solventa el dilema invocando a los plazos judiciales. “Ahora mismo hay un procedimiento abierto. La Ciudad hace gestiones, pero también los afectados hacen las suyas para defender sus intereses. Esto es una cuestión en la que entra la justicia. Vamos a ser respetuosos. Nosotros no vamos a pronunciarnos hasta que no resuelva la justicia”.