La Junta Rectora del Instituto Ceutí de Deportes (ICD) ha aprobado hoy la apertura de un procedimiento de oficio para exigir responsabilidades personales a los cargos públicos del organismo cuya gestión haya supuesto una merma del patrimonio público. El acuerdo, impulsado por Caballas y apoyado por PSOE y Vox, ha contado con el voto contrario de la representación del PP.
Esta resolución se ha adoptado en la reunión de la Junta en la que debía votarse un suplemento de 400.000 euros para hacer frente a los gastos derivados de las sentencias y costas judiciales que ha de afrontar el organismo por los litigios perdidos ante los tribunales. La ampliación de la partida correspondiente, que ya estaba dotada con 180.000 euros, ha generado controversia entre los partidos de la oposición, que han acusado a la gerencia del ICD de perseverar en procedimientos judiciales que ya sabía perdidos de antemano.
Los representantes de las formaciones de oposición reprochan al Gobierno de la Ciudad que favorezca, como ha sucedido en el caso del ICD, que empresas privadas presten servicios públicos sin ningún tipo de contrato vigente. Tal y como ha señalado el diputado de Caballas, Mohamed Alí, buena parte de los intereses y costas que ahora ha de abonar el ICD son el resultado de las demandas interpuestas por la empresa Arasti Barca, que cubrió trabajos de monitor de natación sin tener contrato.
El suplemento de crédito aprobado ha sido calificado por la Intervención como “de urgente y necesaria realización”.
