La designación de la exconsejera Kissy Chandiramani como personal eventual de la Ciudad constituye el canto del cisne en esta legislatura de una práctica cuidadosamente cultivada desde hace años por el PP para ocupar a sus militantes más fieles.
Nada más renovar su mandato tras las elecciones de 2015, el Gobierno popular creó las figuras de “controlador de servicios” y “gestor de servicios”, categoría a la que ha sido adscrita Chandiramani como eventual. La denominada “gestoría de servicios”, bajo cuyo amparo se crearon seis puestos de confianza que meses más tarde acabaron convirtiéndose en siete, han ocupado a más de diez personas en los últimos cuatro años.
Gestores, con retribuciones por encima de los 3.000 euros, son o han sido clásicos del PP como Benjamín Álvarez, cuñado del presidente Vivas, Carolina Pérez, actual jefa de gabinete de la Presidencia, o Adelaida Álvarez, todos ellos promocionados en su día a subdirectores generales y, posteriormente, a viceconsejeros, nombramientos puestos en cuestión por la justicia.
Durante esta legislatura, fueron nombradas gestoras Celinia de Miguel, que desembarcó en el puesto tras ser destituida como gerente del Parque Marítimo del Mediterráneo, o Carolina Hurtado de Mendoza, que desembarcó en el cargo tras ser destituida como a finales de 2017 como gerente del Instituto Ceutí de Deportes. Hurtado de Mendoza fue nombrada el pasado enero gerente de la sociedad municipal Emvicesa. La gestoría de servicios que dejó vacante es la que ahora ocupa Chandiramani. También fue gerente de servicios José Luis Fernández Medina antes de ser elegido por el presidente Vivas para dirigir la empresa pública Amgevicesa.
La lista de gestores de servicios caídos en desgracia incluye nombres como el de Carlos Alfonso González Chacón, a quien el Gobierno destituyó en 2017 por considerar incompatible su puesto con su condición de presidente de la Asociación Ceutí de Familias Numerosas.
