El Gobierno municipal se mantiene en un “estado de angustia presupuestaria”. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha comparecido esta mañana ante la prensa para denunciar la negativa del Gobierno central de renovar los convenios que en los últimos años han permitido sufragar el coste de funcionamiento de la planta desalinizadora y los gastos extraordinarios que el Ayuntamiento asume por la prestación de servicios en la zona fronteriza.
De este modo, el proyecto de presupuestos para el próximo año tendrá que prescindir de los 7,2 millones de euros con los que están sufragados en su conjunto los dos convenios.
La noticia de que los convenios referidos a la planta desalinizadora y a la frontera no se firmarán ha sumido en la inquietud al equipo de gobierno municipal. Según ha explicado Vivas, el argumento ofrecido por la Secretaría de Estado de Función Pública para justificar esta medida apela a que, dada la condición de interinidad del Gobierno central actual, los convenios nominativos no pueden ser prorrogados.
“Si los convenios no se prorrogan es por falta de voluntad política”, ha denunciado el presidente. Vivas ha sostenido esta acusación en el hecho de que el convenio para la atención a menores extranjeros no acompañados, por el que el Estado allega a la Ciudad 2,3 millones de euros, sí se prorrogó el pasado 31 de octubre. “En todos los casos, las razones de excepcionalidad que justifican estos tres convenios son idénticas; si se puede prorrogar el convenio para el gasto de los menores también se puede hacer los mismo con los otros dos”, ha observado el mandatario municipal.
Menos dinero para cargos de libre designación
La situación ha forzado al Ejecutivo local a promover un reajuste del proyecto de presupuestos de la Ciudad para 2020 que, según ha anunciado Vivas, se someterá a la consideración del Consejo de Gobierno el próximo día 13.
Vivas ha anunciado que se practicará un “recorte drástico” en el gasto que financia los puestos de directores generales y personal eventual de la Ciudad. Además, se suspenderán las actividades y programas para la prestación de servicios que no sean de competencia municipal, siempre y cuando no exista un convenio con la Administración General del Estado que la avale. Finalmente, se plantearán recortes en distintas partidas, que el presidente no ha identificado.
El Gobierno municipal ha adelantado que esta mengua de la financiación redundará en las aportaciones que la Ciudad hace actualmente al sostenimiento del área de embolsamiento de vehículos de Loma Colmenar. Vivas ha asegurado que la Ciudad ya ha alertado a la Delegación del Gobierno para que tome medidas en el caso de que el estacionamiento no pueda seguir siendo mantenido económicamente con fondos municipales.
Vivas ha hecho un llamamiento para hallar la vía política que permita reconducir la situación y conseguir que, finalmente, se suscriban los convenios cuya prórroga el Gobierno central ha decidido no ejecutar.
En el transcurso de su comparecencia ante los medios, Vivas ha mostrado su malestar por la actitud del Gobierno central, al que ha acusado de notificar sus intenciones después de semanas de conversaciones en las que se aseguró a la Ciudad que no habría problemas para habilitar los 7,2 millones comprometidos. El presidente ha explicado que durante las últimas semanas obtuvo garantías de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que los convenios se prorrogarían. Según ha explicado Vivas, fue el pasado día 26 cuando la Secretaría de Estado de Función Pública anunció oficialmente a la Ciudad que no habría financiación de ni para la desalinizadora ni para los servicios prestados en la frontera. “La duda que nos queda es por qué hasta el 26 no había problemas y el 26 las cosas cambiaron”, ha protestado el presidente.
