El Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) inauguraba el 20 de junio del año pasado la publicación de los nombramientos del personal eventual contratado al servicio del Gobierno y los grupos políticos. En apenas seis meses, el número de asesores designados para los más variopintos puestos ha ascendido a 55. En ese mismo periodo, el Gobierno de la Ciudad decretó la destitución de 17 de las personas que habían tomado posesión de su puesto de trabajador eventual desde el verano.
La inestabilidad del Gobierno municipal, sustentado en un principio sobre un discreto pacto entre PP y PSOE y, más recientemente, por un acuerdo, igualmente reservado, alcanzado por los populares con Vox, ha tenido su fiel reflejo en las contrataciones de los eventuales.
Una de las concesiones que el PP hizo al PSOE para hacer posible su acuerdo fue la cesión a los socialistas de la elección de cinco de los seis llamados “controladores de servicios en barriadas”. En apenas tres días, del 26 al 29 de julio, el Gobierno formalizó los nombramientos de los socialistas para un puesto que durante la legislatura anterior habían ocupado en exclusiva personas afines al PP.
Apenas mes y medio después de estos nombramientos, y en aras a evitar las críticas por un uso indebido de los trabajadores contratados, el PSOE intercambió responsabilidades entre tres de sus controladores y tres de los asesores designados al servicio de su grupo parlamentario. El hecho de que la persona elegida para ejercer las tareas de servicio de prensa en el partido y el grupo ocupase un puesto de controlador, dedicado en teoría a la supervisión del control y mantenimiento de las barriadas, llevó al PSOE a reasignar a sus contratados.
Vivas acabaría a finales de año, y de un plumazo, con cualquier inquietud que albergasen los socialistas hacia sus controladores: la ruptura de los pactos con el partido de Manuel Hernández supuso la casi inmediata destitución de todos los trabajadores eventuales que el PP había cedido desde julio al PSOE.
Asesor, viceconsejero, asesor delegado, controlador, director general...
Igualmente azarosa ha sido durante estos meses la carrera de quienes estaban llamados a convertirse en el sostén de la estructura de Gobierno del presidente Vivas. El BOCCE publicaba el 26 de junio los nombramientos de 7 viceconsejeros asignados a las distintas consejerías. 6 de ellos continúan cobrando del erario público tras ser destituidos a la fuerza: el Tribunal Supremo dictó una sentencia por la que se confirmaba que el presidente de la Ciudad no podía nombrar consejero o viceconsejero a ninguna persona que no hubiese sido elegida en las urnas. Todos los viceconsejeros cesantes se encontraban en este caso.
Alejandro Ramírez y Mina Mohamed Laarbi arrancaron la legislatura como asesor del Gobierno y controladora de servicios en barriadas, respectivamente. No había transcurrido una semana desde sus nombramientos cuando, el 26 de junio, ambos eran destituidos para promoverlos a la condición de viceconsejeros.
Tras la sentencia, Ramírez sería designado, junto a Alfonso Conejo, también ya exviceconsejero, como director general. Otros cuatro viceconsejeros cesantes, entre ellos Mohamed Laarbi, volverían a ser contratados para el puesto, ideado ex profeso, de asesores delegados.
