MDyC critica que la Ciudad tenga que pagar a Trace otros 2,7 millones de euros

Según la formación, el Contencioso-Administrativo ha condenado al Gobierno a “retrotraer las actuaciones al momento en que se omitió el trámite de audiencia”  

Trabajadores de Trace en el Paseo del Revellín (C.A.)
photo_camera La formación vuelve a pedir la dimisión de la consejera competente, Kissy Chandiramani. (ARCHIVO)

MDyC ha puesto sobre el tablero el pago de 2.732.788,13 euros que ha ordenado la consejera de Economía, Hacienda y Administración Pública, Kissy Chandiramani, a la empresa adjudicataria del contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, por la que da cumplimiento a la sentencia 00117/2021 “al no admitir el Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la ciudad la reducción de las certificaciones que se hicieron por no realizar las tareas asignadas en el plan de servicio”.

Con ello, la formación señala “la incapacidad” de Chandiramani para gestionar la administración pública “que la ha llevado a resolver el contrato por causas imputables a la administración, admitiendo la nefasta gestión y culpabilizando a la institución de su ineptitud para afrontar la ejecución de un simple contrato”, achaca el MDyC, que vuelve a pedir su cese.

“Es incomprensible para el Movimiento que el ahora director del servicio señale que no queda (…) suficientemente acreditado que el concesionario haya incumplido sus obligaciones en lo referente a personal adscrito al contrato durante el periodo comprendido entre junio de 2017 y agosto de 2018, cuando este motivo fue el que provocó la reducción de las certificaciones al no realizarse las tareas asignadas en el Plan de Servicios existentes en ese momento. Desde el Movimiento nos preguntamos qué intereses se defienden cuando se admiten estos cambios de parecer, dejando en entredicho a los técnicos de la casa que en su momento denunciaron, no solo que se empleaban a menos operarios de los que decía el plan, sino que las tareas no se realizaban, tal como manifiestan los informes de los mismos en esas fechas”.

Señala, asimismo, que la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo retrotrae las actuaciones a dar audiencia al concesionario para alegar sobre las detracciones de las certificaciones por no emplear a los trabajadores asignados “pues según el Juez el coste de este contrato viene determinado en gran medida por los medios personales empleados”. Por lo que la formación dice no comprender que la nueva Dirección del Contrato se desdiga de la falta de personal que llevaron a las deducciones.

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