Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) "queremos denunciar públicamente uno de los más flagrantes ejemplos de dejadez de funciones por parte del ejecutivo local. Lo hacemos en relación al contrato de servicio público de explotación de la Planta de Transferencia de residuos de la ciudad, adjudicado en agosto del 2010 a la empresa URBASER S.A. y cuya duración inicial era de seis años con posibilidad de prórroga, finalizando la segunda y última prórroga el 4 de agosto de 2020".
El MDyC añade que, sin embargo, "aún conociéndose la fecha de finalización, el Ejecutivo ha estado evitando de un modo u otro cumplir con sus funciones e impulsar un nuevo contrato para que el servicio pueda prestarse por parte de cualquier empresa que decidiera optar al mismo".
Opinan que resulta cuanto menos extraño que el Pliego de Prescripciones Técnicas esté elaborado por los técnicos responsables desde hace algo más de dos años y sin embargo, el Ejecutivo "no haya querido aún darle impulso ni siquiera a través de su aprobación por el Consejo de Gobierno, al que llegó a ser enunciado en los puntos del orden del día pero que, extrañamente se retiró antes de ser tratado, sin ninguna explicación al respecto".
MDyC cree que el Ejecutivo, en su habitual modus operandi, se sacó de la manga un decreto en virtud del cual, mientras no se produzca la adjudicación a un nuevo contratista, podrá “excepcionalmente” continuar con la prestación del servicio público siempre que no se demore “esta situación provisional más allá de lo razonablemente comprensible”
Consideran que, transcurridos más de dos años desde el vencimiento del contrato, "se excede cualquier razonamiento comprensible por lo que exigimos al ejecutivo local que, cuanto menos, se explique los motivos por los cuales no ha impulsado la licitación del nuevo contrato de transporte de residuos domésticos de la ciudad y que, seguidamente, realicen los trámites necesarios para llevar a cabo la licitación".
