MDyC ha interpuesto ante el Juzgado de Instrucción número 5 una denuncia contra el expresidente de la Autoridad Portuaria José Torrado y el director de la institución, César Ansorena, por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en una de las viviendas ocupadas por trabajadores del Puerto. Ceuta Actualidad ya publicó el pasado 28 de diciembre una información en la que se daba cuenta de las irregularidades que el partido de Fátima Hamed lleva ahora a los tribunales.
La formación localista considera que los trabajos de acondicionamiento acometidos en el número 4 del complejo de viviendas que la Autoridad Portuaria posee junto al Muelle España fueron adjudicados vulnerando la normativa de contratación pública. La presidenta de MDyC, Fátima Hamed, ha explicado hoy ante los medios que los hechos denunciados podrían suponer la comisión de los delitos de malversación, prevaricación y administración desleal.
Según sostiene MDyC en su denuncia, la Autoridad Portuaria autorizó la ejecución de unos trabajos de electricidad y fontanería en la vivienda número 4 que fueron adjudicados por un montante de 49.060 euros a la constructora Maninsol S.L. Estas obras concluyeron el 15 de noviembre de 2016. Posteriormente, y ejecutadas por la misma empresa, se acometió un proyecto de impermeabilización, presupuestado en 51.000 euros, y un nuevas obras para el recalce y refuerzo del forjado, contratadas por 54.000 euros. Estos últimos trabajos concluyeron, respectivamente, en marzo y abril de 2017.
Las sospechas de la formación localista sobre el procedimiento seguido se fundan en que todos los trabajos fueron encomendados a una misma empresa mediante la formalización de sucesivos contratos menores pese a que la obra se ejecutó en una sola vivienda. La suma de estas adjudicaciones superó los 155.000 euros, muy por encima de lo que la normativa establece como contrato menor.
“Nos llama mucho la atención que las obras se hayan ejecutado de manera inversa; en último lugar se acometieron las obras que deberían de haberse hecho primero”, ha argumentado Hamed ante los periodistas.
Hamed ha planteado otras dudas sobre el proceder de la administración portuaria, a la que ha acusado de invitar a los procedimientos de adjudicación de contratos a personas físicas que no ejercían representación alguna de personas jurídicas. Además, ha reclamado explicación acerca de los criterios que sigue la Autoridad Portuaria para asignar las viviendas de su propiedad a los trabajadores de la institución.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez Valero, ha auspiciado un proyecto para la demolición de todas las viviendas, medida aprobada por el consejo de administración de la institución el pasado 4 de diciembre.
