Ni la negociación entre PP y Vox que ha hecho posible la aprobación de los Presupuestos de la Ciudad para 2020. Ni la amenaza del Gobierno local de dejar de prestar determinados servicios si Madrid no allega a la Ciudad los 7,2 millones de euros correspondientes a la financiación de la producción de agua y los servicios en el entorno de la frontera. Ni la decisión de MDyC de cambiar su voto desde el rechazo a los Presupuestos a la abstención. El argumento estrella del pleno de Presupuestos de la Ciudad para 2020 que hoy se está celebrando en la Asamblea han sido la revelación de los mensajes de un grupo de WhatsApp en los que dirigentes de Vox se despachan con numerosos comentarios despectivos hacia la comunidad musulmana.
También ha sido el primer pleno en el que los diputados José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez, hasta ayer integrados en el grupo de Vox, se sentaban en el salón como diputados no adscritos. Rodríguez y Vázquez han cambiado incluso de ubicación física, sentándose frente a quienes hasta ayer fueron sus compañeros.
El proyecto
El proyecto sometido a debate para su aprobación definitiva presenta un presupuesto consolidado de 315,3 millones de euros, 3 millones menos que el correspondiente a 2019.
La negociación del documento ha estado condicionada por los reproches que el PP ha dedicado durante las últimas semanas al Gobierno central, al que acusa de no renovar los convenios para la financiación de la producción de agua (4 millones) y los servicios que presta en el entorno de la frontera (3,2).
Así las cosas, el PP resolvió “secuestrar” esos 7,2 millones de euros de su proyecto de Presupuestos Generales de la Ciudad para 2020 a la espera de que el Estado cumpliera sus compromisos económicos con la institución municipal. Los populares eliminan y congelan la dotación de varias partidas presupuestarias para compensar el dinero que no llegará de Madrid.
Entre las partidas que quedarán condicionadas al pago de los 7,2 millones destacan las referidas al gasto del área de embolsamiento de Loma Colmenar (750.000 euros), que dejará de financiarse desde el 31 de marzo si el Gobierno central no cumple sus compromisos, el contrato de transporte marítimo (783.000), el contrato de lucha aérea contra incendios (350.000), la adquisición de libros escolares (1,2 millones), 200.000 euros correspondientes al Ingreso Mínimo de Inserción Social y otros 500.000 procedentes de dos partidas para publicidad institucional.
