El acceso a la información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas, porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales.
Así es como comienza la Orden Ministerial de 30 de octubre de 2020, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación, aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
Más adelante se expone que la Comisión Europea define la desinformación como la «información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población, y que puede causar un perjuicio público», e incluye en este perjuicio público las amenazas a los procesos democráticos y a bienes públicos tales como la salud, el medio ambiente o la seguridad, entre otros.
Y entre los propósitos, en la orden ministerial se afirma que dado el rápido progreso del entorno digital, el uso intensivo de los medios digitales y la complejidad de la temática abordada, establecer medios de funcionamiento y mecanismos dirigidos a evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y particularmente para España resulta imprescindible.
En el denominado Nivel 1 de Monitorización y vigilancia: detección, alerta temprana, notificación y análisis; participación en el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea (RAS) y activación de los protocolos; investigación del posible origen, el propósito y seguimiento de su actividad y en la decisión sobre su elevación o finalización, los actores involucrados son la Secretaria de Estado de Comunicación, el departamento de Seguridad Nacional, el CNI, la Secretaría de Estado de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, el Gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes. Todos son departamentos vinculados al Gobierno.
Este pasado jueves RTVCE emitió un debate a tres sobre este polémico asunto y se escucharon palabras como sospechoso, recelo, control, censura, confusión, ganar terreno, entre muchas otras referencias que son dudosas y propiciadas por la escasa información que se maneja de cómo, cuándo y de qué manera se activará el proceso.
En medio, la prensa tradicional y digital, las radios, las televisiones, y también -como no- todo tipo de plataformas digitales. Por delante con esta orden ministerial, poco clarificadora, el Gobierno de la Nación, que construye un fuerte dispositivo para acabar con los bulos o al menos esa es la intención. Las preguntas ahora son ¿Es el Gobierno el que debe decir qué es verdad o qué es mentira? ¿Podemos confiar en la imparcialidad del Gobierno de turno? ¿Las noticias falsas son o no son bulos? ¿Acaso ayudan los gobiernos a que los profesionales de la información puedan contrastar todas y cada una de las noticias que afectan a gobiernos e instituciones?.
El mundo está tan loco y revuelto, hay tantos intereses creados como para creer que el resultado de las medidas que contiene la orden ministerial pueda llegar a ser eficaz y sus controles sanos. El riesgo de ejercer un control sobre la información en general existe y la norma no agrada. Tampoco se ha contado con la opinión de los profesionales, asociaciones y colegios de periodistas que algo deben saber de todo esto.
En ese mismo programa de la televisión pública, PP y PSOE, que son las formaciones más votadas en Ceuta, expresaban su opinión sobre la medida aunque lógicamente con puntos de vista bien diferenciados.
Para el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Rontomé, "cualquier intento de control por parte de los gobiernos de la opinión o del pensamiento es un error gravísimo que vulnera derechos fundamentales. Si existe información negativa o no veraz deben ser los ciudadanos quienes decidan si creen o no y buscar otros medios para asesorarse o llegar a esa información. Independiente del Gobierno que lo intente hacer o lo haya hecho es una limitación de derechos. En mitad de una pandemia no se deben llevar a cabo medidas que vulneran y atacan los derechos fundamentales en diversos ámbitos, no solo en el control de la desinformación. Se ha hecho de espaldas a los profesionales de la información. Lo cual es muy sospechoso. Nos tememos lo peor".
Para el portavoz del PSOE en la Asamblea, Manuel Hernández, "la propia Comisión Europea ha avalado el Plan de desinformación del Gobierno de España. Entendemos que aquí no se trata de minar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ocurre que muchas veces se utilizan las redes sociales para cuestiones que no son una opinión y atentan contra la dignidad y honor de las personas e instituciones, no se da la información debida y las valoraciones que se hacen repercute en la honorabilidad".
Sólo el tiempo dará o quitará razones sobre la eficacia de la norma que en general disgusta o produce mucho recelo entre los profesionales de los medios de comunicación.
