Política

Un informe de los servicios jurídicos municipales sirve a los populares para revocar un acuerdo adoptado por el pleno de la Asamblea en agosto

PP y Vox frenan la devolución de competencias desde el Gobierno al pleno

Aspecto del salón de plenos durante la sesión celebrada hoy (C.A.)
photo_cameraAspecto del salón de plenos durante la sesión celebrada hoy (C.A.)

La Asamblea, con los únicos votos a favor de PP y Vox, aprueban una propuesta que permite al Gobierno conservar las competencias que habían sido revertidas al plenario por un acuerdo adoptado en agosto.

Marcha atrás. La Asamblea ha resuelto desautorizar el acuerdo que la propia Cámara adoptó en agosto del pasado año para revertir la cesión de las competencias al Gobierno que hace más de dos décadas aprobó el plenario municipal. El acuerdo del pasado verano proponía dejar en manos del pleno la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, la oferta pública de empleo, las bases de selección de personal, el número de contrataciones y retribuciones del personal eventual, las remuneraciones complementarias de los empleados públicos,  la contratación de obras y servicios y suministros, las encomiendas de gestión y la enajenación de bienes que supere el 10% de los ingresos del presupuesto consolidado de la Ciudad.

El Gobierno se apoya ahora en el informe evacuado por un letrado de los servicios jurídicos de la Ciudad tras la aprobación del acuerdo de agosto, el cual contempla que las únicas competencias del pleno son aquellas previstas en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía, que remite a aquellas que corresponden a los denominados municipios de gran población.

Según el informe jurídico manejado por el Gobierno, “el pleno carece de potestad legal alguna para determinar su régimen de competencias, que viene fijado íntegramente por el Estatuto y, por remisión estatutaria a la normativa de régimen local, por la Ley de Bases de Régimen Local y los Reglamentos de desarrollo que aprueba la Asamblea”.

La cesión de las competencias del pleno al Gobierno en 1995 ha constituido desde antiguo motivo de controversia política. Aquel año, el Ejecutivo consiguió arrancar del plenario competencias en materia de recursos humanos, contratación y realización de inversiones.

 

Censura de la oposición

La oposición ha censurado al Gobierno por evitar cualquier posibilidad de que algunas de las competencias que actualmente ostenta retornen al pleno. “Nos sorprende que ustedes utilicen el informe jurídico para tomar una decisión política, que es que no haya traspaso de competencias al pleno de la Asamblea”, ha criticado el diputado socialista José María Mas.

La portavoz de MDyC, Fátima Hamed, ha incidido en que el informe sobre el que se sustenta la propuesta del Gobierno para dejar sin efecto el acuerdo de agosto no resulta más que una opinión. Hamed ha llegado a proponer que el debate de la propuesta quedase sobre la mesa ante la falta del informe preceptivo de la secretaria general de la Ciudad. La solicitud ha sido desestimada por el presidente de la Asamblea, Juan Vivas.

Más allá de los argumentos de sus compañeros de oposición, el diputado de Caballas, Mohamed Alí, ha llevado el debate al terreno de la consideración de cuál es la naturaleza jurídica de la Ciudad. Alí ha utilizado una reciente sentencia del TSJA sobre las percepciones salariales del Gobierno que considera la Ciudad como un municipio en pie de igualdad a los del resto del país.

El diputado considera que la nunca bien definida naturaleza de la Ciudad solo podrá corregirse si el Gobierno impulsa el procedimiento para convertir Ceuta en comunidad autónoma. “No puede funcionar como comunidad autónoma cuando los tribunales le dicen un día sí y otro también que somos un ayuntamiento”, ha reprochado Alí a Vivas.

Por su parte, el portavoz de Vox, Carlos Verdejo, ha justificado su voto favorable a la propuesta del Gobierno en la necesidad de “hacer desaparecer la capacidad jurídica de los dos tránsfugas”, en referencia a los diputados José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez.

La propuesta ha salido adelante con el voto contrario de PSOE, MDyC y Caballas y la abstención de los diputados no adscritos.

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