Una es la que tiene el Gobierno, que según Chandiramani, solo detecta pequeños incumplimientos, subsanables, en cuanto a falta de documentación, y otra, un borrador, que Fátima Hamed usó para centrar sus críticas, que desvela graves irregularidades en la contabilidad y en la gestión de la Brigadas Verdes. Irregularidades como pagos realizados sin justificación, abusos del uso de talones al portador o un “boquete” de 50.000 euros por impagos a la Seguridad Social.
En este sentido, destacar que el actual presidente de la FPAV, Francisco García Segado, no se ha caracterizado por su transparencia a la hora de informar sobre la auditoría que prometió realizar, y que al parecer ha hecho según lo hablado en el pleno, sobre la gestión de la anterior directiva cuando accedió a la presidencia.
Tanto MDyC como Caballas han venido a coincidir en sus críticas hacia el Gobierno por la falta de control que el Ejecutivo ha realizado sobre este convenio, que asciende a 3.500.000 euros y que propicia mantener la contratación de 154 trabajadores.
Kissy Chandiramani, con habilidad, ha negado todas las acusaciones, y al igual que Alí y Hamed, ha dicho que hay que proteger los empleos de los 154 trabajadores. La consejera de Fomento ha asegurado que la auditoría que tiene en su poder de 2018 refleja que la FPAV ha cumplido con los objetivos previstos en el convenio y que trimestralmente este colectivo tiene que justificar los gastos para poder seguir cobrando el importe de la subvención que tiene asignada.
Pero eso es una cuestión y lo alegado por Hamed es otra, ya que los datos del borrador al que se refiere, es de suponer que corresponden a la auditoría interna encargada por la propia FPAV sobre la gestión de la anterior junta directiva. Es curioso como ese borrador ha sido usado por un partido de la oposición y sin embargo el presidente de la FPAV no haya informado públicamente, y al parecer al Gobierno tampoco por lo dicho por Chandiramani, lo que demuestra la falta de transparencia del presidente del colectivo, que hace pocas fechas tuvo que dar marcha atrás en un intento de contratación de personal y que dijo, según ha explicado Mohamed Alí, sobre la cuestión para el nombramiento de un gerente para las Brigadas Verdes quedaba en manos de la consejera de Fomento y del responsable de Barriadas.
Pero aún fue más revelador el dato ofrecido por Mohamed Alí, que manifestó que tras mantener contactos con el interventor, el mismo le comunicó que hoy por hoy “habría dificultades para pagar la nómina a los trabajadores, que existen recargos de la Seguridad Social y 100.000 euros de difícil justificación”.
También se ha hablado durante el debate de las interpelaciones presentadas por los dos partidos de la oposición de que el Gobierno está haciendo un estudio para ver si las Brigadas Verdes seguirán siendo gestionadas por una empresa privada, por la FPAV o los trabajadores se integrarían en una de las sociedades municipales, como por ejemplo Obimace.
Hamed ha pedido a Chandiramani que le entregue el informe definitivo para poner todo el asunto en manos de la Fiscalía.
