La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha sentenciado que la disposición que autoriza a los miembros del Gobierno de la Ciudad que ostentan la condición de funcionarios percibir este plus es contraria a derecho. En esta situación se encontraría el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, entre otros miembros de su Gobierno.
El TSJA resuelve de este modo el recurso contencioso interpuesto en 2017 por Ciudadanos contra la base de ejecución 29 de los Presupuestos de la Ciudad de Ceuta para 2017. La base 29 -que se refiere al régimen de retribuciones del presidente de la Ciudad, los consejeros y viceconsejeros, los diputados de la Asamblea, los directores y subdirectores generales y los vicepresidentes de mesa- reconoce a aquellos que ostenten la condición de funcionarios en situación de servicios especiales el derecho a percibir el concepto de indemnización por residencia. La sentencia declara contraria a derecho el apartado 5, que regula las indemnizaciones por residencia y antigüedad.
El régimen retributivo del que se han venido beneficiando los miembros de los sucesivos gobiernos de la Ciudad durante los últimos años fue implantado por el Grupo Independiente Liberal (GIL) durante su breve etapa al frente de la Ciudad entre 1999 y 2001.
El Tribunal considera que no existen ninguna norma legal ni reglamentaria que justifique, por la mera consideración de la singularidad de Ceuta, la asunción de estos gastos por la Ciudad.
La resolución puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
Varga: “La Ciudad debe mover ficha”
El exdiputado y miembro de la ejecutiva de Ciudadanos, Javier Varga, ha defendido hoy en rueda de prensa que las cantidades percibidas desde 2014 hasta la fecha por los afectados tienen carácter de reintegrables. Así, Varga ha instado a la Ciudad a actuar para reclamar el dinero que el dirigente de Ciudadanos considera cobrado indebidamente. “El problema de fondo es la falta de control de esta Administración: ¿cómo es posible que durante 20 años hayan estado cobrando sin tener derecho a hacerlo?”, se pregunta Varga, quien estima el montante que debería ser devuelto a la Ciudad en medio millón de euros.
