Política

No se puede convalidar un acto anulado como hizo el Gobierno en 2018

La Justicia declara nulos 23 puestos de asesor que creó Vivas en 2015 y que denunció dos veces UGT

Juan Vivas, presidente de la Ciudad (C.A./ARCHIVO)
photo_camera Juan Vivas, presidente de la Ciudad (C.A./ARCHIVO)
UGT vuelve a ganar la batalla al Gobierno de la Ciudad en el nombramiento de puestos eventuales.

El Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Ceuta, en sentencia notificada este lunes, ha vuelto a dar la razón a la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores en "la lucha incansable que lleva durante años contra la megalómana estructura que alrededor de su Gobierno ha ido creando el presidente Vivas con el consiguiente derroche de recursos del Capítulo 1 de los Presupuestos de la Ciudad, todo a ello a costa de los bolsillos de los contribuyentes", según informa la sección sindical a través de un comunicado.

La sentencia declara la nulidad de un acuerdo de 2018 del Consejo de Gobierno de la Ciudad que convalidaba la creación de 23 puestos eventuales, incorporando la motivación expresa de los mismos, pretendiendo así dar validez a un acuerdo anterior de 2015 por el que se crearon.

En 2015, el Consejo de Gobierno acordó la creación de 23 nuevos puestos de asesores aumentando de 18 a 41 el número de eventuales, lo cual sobrepasaba lo establecido legalmente, excediendo el número de personal eventual al número de concejales del Ayuntamiento. UGT recurrió y ganó la denuncia en 2018, pero el Gobierno volvió a publicar los mismos puestos de asesores  motivándolos, creyendo que esto era suficiente. El sindicato volvió a recurrir por segunda vez y ahora ha ganado de nuevo por lo que la Ciudad tendrá que suprimir 23 puestos de asesores si es que no recurre a una instancia superior.

En la valoración del fallo, UGT manifiesta que "desde el año 2015 en el que Vivas dio el gran salto cualitativo en el número de “asesores” aumentándolos de un tirón de 18 a 41 (veintitrés asesores más a costa del bolsillo de los contribuyentes, la FeSP-UGT ha ido presentando alegaciones, todas ellas rechazadas por el Gobierno lógicamente, y acudiendo al Contencioso, ganando sentencias que el señor Vivas como hábil trilero ha ido sorteando, como ha hecho en el caso de los viceconsejeros y hará cuando salga la sentencia sobre el desaforado número de directores generales".


FeSP-UGT no tiene duda de que "el Gobierno recurrirá esta sentencia, aún a sabiendas que el TSJA va a ratificarla, lo recurre con el dinero de todos los ciudadanos, como hizo con la anterior sentencia que ganó la UGT sobre su indemnización por residencia en la que de forma impúdica contrató a un abogado por quince mil euros para defender su propio bolsillo sin ruborizarse". Añaden que "tardaremos dos años más en que llegue la sentencia del TSJA y si puede recurrirá en casación ante el Supremo, mientras los ciudadanos seguimos pagando las retribuciones de veintitrés asesores, que nunca serán devueltas".


Y no contento con este volumen de “asesores”, en plena crisis del Covid-19 -subraya el sindicato- "cuando todos los ayuntamientos refuerzan sus plantillas para prestarle un servicio más eficaz a sus ciudadanos, aquí el Gobierno del señor Vivas no tiene un euro para contrataciones, cuando hay servicios básicos que están al borde del colapso. Eso sí van a nombrar cuatro asesores más, al parecer todos ellos muy patrióticos, para eso sí hay dinero. Indignante y bochornoso".

UGT se pregunta por qué se le permite todo esto: "¿Cómo es posible que durante dos décadas Vivas haya gobernado esta Ciudad sin Secretario General, ni Interventor? Las dos figuras básicas de cualquier administración autonómica o local, una para controlar la legalidad de las decisiones que se adopten y la otra para controlar las cuentas ¿Y por qué se ha tolerado que en todos los procedimientos judiciales por nombramientos indebidos haya ido haciendo piruetas judiciales para eludir la acción de la justicia hasta el punto de que el Tribunal Supremo en la sentencia de casación por el asunto de los viceconsejeros calificara sus maniobras como fraude de ley?".

Para el sindicato es urgente que intervenga la fiscalía en defensa del ciudadano "para evitar que prolongue todos estos pleitos de forma artificial y cambie denominaciones de cargos, direcciones generales, viceconsejerías y todas las artimañas habidas y por haber para que los fondos públicos no se puedan seguir utilizando indebidamente. Y desde luego el Ministerio de Política Territorial y Función Pública tiene que intervenir sin dilación para que se nombre un Interventor y un Secretario General y desde luego que no sea elegido por el dedo del señor Vivas".

Desde UGT recuerdan que están preparando una demanda que próximamente se presentará ante el Juzgado de Instrucción correspondiente "en evitación de que el Ejecutivo Local con su Presidente a la cabeza siga con esta política de intentar esquivar a la Justicia a costa del bolsillo de los ciudadanos".

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