La central sindical ya hizo el anuncio tras la publicación en el Boletín Oficial de Ceuta (BOCCE), el pasado 19 de agosto, de la creación de Subdirección General de Presidencia y Gobernación atendiendo el Consejo de Gobierno a la propuesta presentada por la Vicepresidenta y consejera de Presidencia y Gobernación, Mabel Deu.
La Subdirección, según el BOCCE, se crea por parte del Consejo de Gobierno sin perjuicio de las atribuciones previstas en el artículo 27 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración, con una serie de funciones, que son las que tiene que desarrollar la persona que también fue nombrada subdirectora en el mismo Boletín, Lidia Ruiz Morales.
Pero a tenor de lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración al que se hace referencia en la publicación del BOCCE para la creación de la subdirección y nombramiento de la subdirectora, en su apartado 2, establece que los subdirectores generales “serán nombrados y cesados por el consejero o viceconsejero del que dependan”, por lo que el nombramiento se entiende nulo al hacerlo el Consejo de Gobierno y no la consejera del ramo, en este caso Mabel Deu.
Es evidente que el nombramiento por parte del Consejo de Gobierno, a tenor del Reglamento, sería nulo por ser este órgano manifiestamente incompetente para ello, ya que entra en contradicción con lo establecido en el apartado 2 del artículo 27 del Reglamento.
Pero no quedan ahí sólo los problemas con el nombramiento, ya que días después Ceuta Actualidad tuvo conocimiento de que el Gobierno local había obviado el concurso público que marca la Ley para la provisión de la plaza de subdirectora general de Presidencia y Gobernación. El Ejecutivo tampoco ha tenido en cuenta que al crear esta plaza tiene que dar un plazo de 15 días de exposición pública, motivos por los que el sindicato UGT anunció su intención de llevar el caso ante los tribunales. Según ha podido conocer este diario digital, la correspondiente demanda se está elaborando por parte de los servicios jurídicos del sindicato y la misma podría extenderse, además, a los nombramientos de los directores generales realizados por el Gobierno.
Es evidente, tras la toma de posesión de Ruiz como subdirectora general, que el Gobierno entiende que no ha conculcado ningún artículo del Reglamento ni de la ley. Según ha conocido este periódico digital, la subdirectora no se ha incorporado antes a su puesto debido a que ha tenido que solventar unas circunstancias con la Administración General del Estado.
