Resulta difícil imaginar una comunidad autónoma que aglutine a dos ciudades que distan entre sí 400 kilómetros por carretera. Menos, aún, si se considera que esa carretera discurre por territorio soberano de un país extranjero. Mustafa Aberchán, líder de la formación Coalición por Melilla, el partero de la idea, no parece, sin embargo, arredrarse por muchos que sean los obstáculos. El político melillense planteaba hace unos días la posibilidad de crear una comunidad autónoma que integrase a las dos ciudades autónomas españolas. La constitución de la que sería la decimoctava comunidad autónoma tendría como referencia, según detallaba Aberchán, la Comunidad Canaria y como principio de cohesión las peculiaridades que Ceuta y Melilla tienen en común por su carácter compartido de ciudades europeas extrapeninsulares.
Aunque el proyecto de Aberchán no parece tener muchos visos de concitar la unanimidad de las fuerzas políticas representadas en las asambleas de ambas ciudades, la mera sugerencia de una modificación del actual estatus jurídico-político de Ceuta y Melilla servirá para agitar, de nuevo, el viejo debate sobre la conveniencia o no de hacer efectivo lo establecido en la Disposición Transitoria V de la Constitución, esto es, la posibilidad de que las dos ciudades autónomas abran el proceso que las convierta en comunidades autónomas, en pie de igualdad con el resto.
La posibilidad de transitar la senda de la Transitoria V se ha visto siempre obstaculizada por la oposición de los dos grandes partidos estatales. Así, por ejemplo, el PP, con dos décadas de mayorías en la Asamblea ceutí, se ha mostrado en el pasado abierto a introducir modificaciones legales que favorezcan el desarrollo de la norma estatutaria, aunque abominando de un escenario en el que se pudiera plantear una ofensiva para convertir Ceuta en una verdadera comunidad autónoma. Las cosas tienen visos de que podrían llegar a cambiar, pese a todo.
Los acontecimientos de mayo de 2021, con la entrada masiva de miles de migrantes en la ciudad animados por un país vecino resuelto a obviar el cumplimiento de la legislación internacional, derribó algunos de los esquemas que las formaciones políticas más reticentes al desarrollo autonómico habían mantenido hasta esa fecha. Pero las cosas habían empezado a verse de otra manera desde hacía ya algún tiempo.
La desautorización de los tribunales de la antigua práctica de recurrir a personas que no han sido elegidas en las urnas para conformar los gobiernos de las dos ciudades autónomas conmocionó a los populares ceutíes. El poder del presidente de la Ciudad para configurar su Gobierno había quedado demediado: ya no podría recurrirse al concurso de personas no electas.
De hecho, y ante las resoluciones de los jueces, el presidente ceutí, Jesús Vivas, planteó su política de nombramientos como una defensa del autogobierno de la Ciudad y de su Estatuto de autonomía. Según las tesis de los populares, la reivindicación de la capacidad del presidente para conformar su Gobierno estaba en el tuétano mismo del reconocimiento de la autonomía de Ceuta consagrado en su Estatuto.
Esto no bastó, desde luego, para que el PP se echara en brazos de la reivindicación autonomista. De hecho, en el transcurso de una sesión plenaria de la Asamblea celebrada el pasado marzo, PP y PSOE volvían a mostrarse reticentes una vez más a transitar el camino que abre la Transitoria Quinta. Populares y socialistas rechazaban la proposición que Ceuta Ya! había sometido a la consideración del Pleno para reclamar al Gobierno central la activación de los mecanismos constitucionales que propiciarían la elevación del rango institucional de Ceuta al de comunidad autónoma.
Con todo, el presidente Vivas dejaba no hace mucho una puerta abierta a retomar la reivindicación autonomista si las circunstancias obligan a ello. Apenas cinco meses después de que la Asamblea debatiera la propuesta de Ceuta Ya!, el presidente Vivas introducía en su discurso institucional del Día de Ceuta una reflexión que no pasó desapercibida: «Si, por cualquier resolución inapelable, se llegara a la conclusión de que no somos lo que creemos que somos; entonces, en ese caso, considero que, de manera consensuada, debería activarse la previsión contenida en la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución al objeto de acceder al rango de comunidad autónoma», advirtió. La cuestión, pues, continúa abierta.
