La Federación de Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT) no dará respiro al presidente de la Ciudad, Juan Vivas. El sindicato formalizaba ayer una demanda contra los nombramientos de los 17 directores generales que forman parte de la estructura del Gobierno local por considerar que las designaciones se formalizaron vulnerando la ley. Los sindicalistas consideran que no existe sostén presupuestario para los nombramientos y que, además, éstos tienen un carácter político, lo que excede las competencias de la Ciudad.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta ha obligado al sindicato a interponer una demanda por cada nombramiento impugnado. FeSP-UGT ya ha formalizado la correspondiente a la del director general de Educación, Javier Celaya.
La demanda se presentaba el mismo día en el que Vivas firmaba los decretos para la destitución de los siete viceconsejeros de su Gobierno y la disolución de las viceconsejerías que ocupaban. Los ceses son consecuencia directa de una sentencia del Tribunal Supremo que establece la incompetencia de la Ciudad para nombrar a personas no electas para estos cargos. El fallo del Supremo ponía fin a un procedimiento instado en su día por una demanda presentada por UGT.
Mientras el portavoz de la FeSP-UGT en la Ciudad, Antonio Ramírez, celebraba la destitución de los viceconsejeros, el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán, insistía en una rueda de prensa en la legalidad de los nombramientos de los directores generales. “Están avalados por el Reglamento del Gobierno de la Ciudad, que contó en su día con el visto bueno del Consejo de Estado, cuyas recomendaciones fueron recogidas”, ha argumentado Gaitán.
Para Ramírez, sin embargo, la existencia de 17 direcciones generales es el resultado del sobredimensionamiento de la estructura del Gobierno. “Es un número de cargos que nos parece abusivo –ha criticado el sindicalista- Además, son 17 cuando el Presupuesto de la Ciudad para 2019 recoge partidas solo para sostener a cuatro”.
FeSP-UGT, además, mantiene acciones judiciales contra las contrataciones de personal eventual que nutren de asesores al Gobierno y a los grupos políticos de la Asamblea. El sindicato considera que el número de personas contratadas excede con mucho el autorizado por la ley.
