Política

El sindicato advierte de que el Gobierno puede estar vulnerando la ley

UGT censura la demora en la destitución de los siete viceconsejeros no electos

Antonio-Ramírez,-UGT
photo_camera El ugetista Antonio Ramírez (C.A./ARCHIVO)

El sindicato muestra su sorpresa por el hecho de que Melilla haya aplicado antes que Ceuta la sentencia del Tribunal Supremo que decreta la nulidad de los nombramientos de consejeros y viceconsejeros no electos. 

“Si yo fuera Vivas, los siete viceconsejeros habrían cesado el viernes pasado”. El portavoz de UGT en la Ciudad Autónoma, Antonio Ramírez, ha mostrado la sorpresa de su sindicato ante la demora en la aplicación de la sentencia dictada la pasada semana por el Tribunal Supremo que considera que el Gobierno municipal carece de capacidad para nombrar consejeros y viceconsejeros a personas que no sean diputadas en la Asamblea.

Ramírez ha comparado la actitud del Gobierno ceutí con la del melillense de Eduardo de Castro, que ayer mismo publicó en el boletín oficial de la Ciudad la destitución de los tres consejeros y tres viceconsejeros afectados por la resolución del Supremo.

Ramírez ha advertido de que el mantenimiento en sus cargos de los siete viceconsejeros ceutíes concernidos por la sentencia podría constituir una conducta delictiva, sobre todo después de que el propio Gobierno anunciara que les había sido retirada la autoridad para sancionar expedientes con su firma. “Hay siete personas sin funciones que, sin embargo, continúan cobrando su sueldo: eso es malversación”, ha asegurado el sindicalista.

La sentencia del Tribunal Supremo pone fin a un periplo judicial que arrancó con una demanda presentada por UGT contra los nombramientos de viceconsejeros por el Gobierno ceutí en 2013. Ahora, el Tribunal ha confirmado la nulidad de la designación de Adelaida Nieto como viceconsejera argumentando que la Ciudad carece de competencia para integrar en su Gobierno a personas que no hayan sido elegidas en las urnas.

UGT ha iniciado también acciones legales contra el Gobierno por la designación esta legislatura de 17 directores generales bajo el argumento de que no existe sostén presupuestario. Además, consideran que las designaciones tienen un carácter político, lo que excede las competencias de la Ciudad.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Ceuta ha obligado al sindicato a interponer una demanda por cada nombramiento impugnado. UGT ya ha formalizado la correspondiente a la del director general de Educación, Javier Celaya.

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