El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, firmó ayer jueves sendos decretos por los que destituye a los siete viceconsejeros de su Gobierno y ordena la disolución de sus respectivas viceconsejerías. La decisión se adopta después de que el Tribunal Supremo haya establecido en una sentencia que el Gobierno de la Ciudad carece de competencias para designar a personas que no hayan sido elegidas en las urnas como consejeros o viceconsejeros. Ninguno de los cargos concernidos por el fallo judicial es actualmente diputado de la Asamblea.
El cese de los viceconsejeros, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) pasada la una de la tarde, se produce un día después de que el presidente de la Ciudad de Melilla, Eduardo de Castro, ordenara la destitución de tres de sus consejeros y otros tantos viceconsejeros.
El portavoz del Gobierno y consejero, Alberto Gaitán, ha justificado la decisión de Vivas como una medida motivada “por razones de seguridad jurídica”. Gaitán ha avanzado que estas destituciones forzarán una reestructuración del Gobierno y de sus cargos directivos que, según ha insistido ante los periodistas, está pendiente de perfilarse.
El consejero no ha querido explicar si los siete viceconsejeros destituidos se mantendrán al servicio de la estructura del Gobierno en otros puestos. Pese a ello, y a preguntas de los periodistas, Gaitán ha asegurado que existe margen para que el Gobierno formalice nuevas contrataciones de personal eventual, una fórmula que podría permitir la recolocación de los cesantes.
Con todo, el Gobierno municipal mantiene su argumento de que la sentencia no puede suponer un quebrantamiento de la capacidad de autogobierno de la Ciudad. “No podemos debilitar sus competencias ni su capacidad de gestión”, ha declarado su portavoz. Gaitán ha asegurado que el Gobierno “agotará” las posibilidades que se le presentan para defender su posición bien a través del Supremo o del Tribunal Constitucional.
Gaitán ha subrayado que la sentencia del Supremo es el resultado de un litigio en torno al nombramiento concreto, el Adelaida Álvarez como viceconsejera en 2013, por lo que, a su juicio, no teme otras consecuencias para la estabilidad del Gobierno. Así, el portavoz ha asegurado que los actos jurídicos avalados por las firmas de los viceconsejeros destituidos no caben ser considerados como nulos.
