Asegura que los whatsapps racistas están manipulados pero se querellará por vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones

Vox alerta, en una rueda de prensa sin preguntas y con veto a la SER, de un "golpe de Estado" municipal

La dirección del partido asegura que existe un un movimiento dirigido contra el gobierno local promovido por “entornos políticos, económicos y mediáticos” para “imposibilitar la gobernabilidad, romper la convivencia y ocasionar el bloqueo y colapso de Ceuta”.

El presidente de la gestora de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, se ha negado hoy a responder a pregunta alguna sobre la crisis abierta tras la difusión de una serie de whatsapps de contenido racista atribuidos a la dirección del partido. Redondo comparecía ante los periodistas acompañado de los diputados a la Asamblea Carlos Verdejo y Francisco Ruiz minutos después de que se hiciese público el archivo de la denuncia presentada por la Fiscalía contra los autores de los mensajes. El juez ha concluido que el contenido de los whatsapps no supone la comisión de un delito de odio, una decisión que recurrirá el partido MDyC.

Un miembro del equipo de Vox había llamado minutos antes a la redacción de la SER en Ceuta para advertirles de que no podrían asistir a la comparecencia. Vox mantiene un veto contra la cadena de emisoras en toda España. Pese a ello, el redactor de la SER ha acudido a la sala de prensa del Ayuntamiento, donde estaba convocada la rueda sin preguntas, sin que ningún responsable del partido se atreviera a solicitarle que abandonara el lugar.

El periodista de la SER, que acudió al acto pese al veto, frente a los diputados de Vox (C.A.)El periodista de la SER, que acudió al acto pese al veto, frente a los diputados de Vox (C.A.)

“Golpe de estado”

Redondo ha dado lectura a un escrito en el que ha alertado de la preparación de un “golpe de estado” en la ciudad. El presidente de Vox ha involucrado en un movimiento dirigido contra el gobierno local a “entornos políticos, económicos y mediáticos”. Según el líder de la formación, el propósito de esta maniobra sería “desestabilizar” a Vox para “imposibilitar la gobernabilidad, romper la convivencia y ocasionar el bloqueo y colapso de Ceuta”.

El presidente de Vox no ha hecho valoración alguna del contenido de los whatsapps difundidos en las últimas semanas y atribuidos a comunicaciones internas de sus dirigentes. En ellos se hablaba, por ejemplo, del hartazgo de los interlocutores por la situación de la ciudad en relación con la comunidad musulmana (“que haya españoles que digan que tenemos que tragar moros por cojones ya es indicativo de lo enferma que está Ceuta y España”) y de las impresiones sobre el futuro de la ciudad (“de momento la batalla la vamos a plantear en el terreno electoral, pero tal y como están las cosas no es para nada extraño que al final haya que combatir militarmente”).

Redondo ha calificado estas comunicaciones de “relatos manipulados y falsos” creados para “romper la paz social y la convivencia”. El líder de Vox ha reconocido que el partido tomó “precauciones” para evitar que los ya exdiputados del partido José María Rodríguez y María del Carmen Vázquez accedieran, a través de las comunicaciones internas, a información sobre la estrategia de la formación. Según ha explicado, la medida se adoptó porque la dirección había tenido conocimiento de que los exdiputados habían mantenido conversaciones con otros grupos políticos.

Rodríguez y Vázquez han vuelto a ser objeto de las críticas de la dirección del partido, que acusa a ambos de abandonar el grupo político para satisfacer ambiciones personales. Redondo considera que la existencia de los contactos con otros partidos que atribuye a los dos diputados quedó en evidencia durante la sesión del pleno en el que se aprobaron los Presupuestos de la Ciudad para 2020. Según el presidente de Vox, ambos votaron siguiendo las directrices de PSOE y Caballas.

Pese a sostener que las comunicaciones reveladas por la prensa son el resultado de una manipulación, Vox ha anunciado que interpondrá una querella en los tribunales por revelación de secreto y vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el del secreto de las comunicaciones, contra quienes “directa o indirectamente” estén implicados o hayan colaborado en la publicación de los mensajes.