El pleno de la Asamblea ha sancionado hoy la aprobación inicial del segundo expediente de modificación de crédito que el Gobierno ha impulsado este año para hacer frente a la crisis generada por la declaración de la pandemia de coronavirus. El expediente de modificación de crédito aprobado hoy por el pleno supone la reprogramación de 37,1 millones de euros. Los fondos están dirigidos, entre otros fines, a garantizar la seguridad sanitaria en los centros escolares (2 millones) y la digitalización de los colegios (1 millón), a la ampliación del programa de ayudas al sector empresarial “Ceuta resiste” (3 millones), al refuerzo del gasto en el capítulo de personal y a afrontar el abono de las cantidades económicas derivadas de condenas judiciales impuestas a la Ciudad (3,6 millones).
La propuesta ha sido aprobada con los votos favorables de PP, PSOE y Vox y el rechazo de MDyC y Caballas.
La consejera de Economía y Hacienda, Kissy Chandiramani, ha defendido en su exposición ante el plenario la necesidad de estos cambios en el Presupuesto de la Ciudad. “La situación actual nada tiene que ver con la situación de enero de 2020”, ha subrayado.
Críticas de la oposición
La propuesta del Gobierno central ha sido recibida con todo tipo de reservas por la oposición. El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, ha sido el primero en romper el fuego con una defensa encendida de la necesidad de atender las necesidades sociales para enfrentar la crisis. Así, Hernández ha censurado la heterogeneidad de la partida destinada a cubrir necesidades sociales que, dotada con 4,4 millones de euros, incluye la adquisición de material sanitario, el coste de los servicios de limpieza en los colegios y una subvención de 450.000 euros para la empresa de autobuses. “La premisa fundamental de cualquier política presupuestaria ha de ser la solidaridad y la prestación de las ayudas que resulten necesarias”, ha defendido el socialista.
El portavoz socialista ha tenido también palabras de crítica hacia el Gobierno del popular Juan Vivas, a quien ha acusado de desarrollar una “política marrullera y de deslealtad total” hacia el Gobierno de España.
“De todas formas no es momento de enfrentamiento, aunque sí de críticas”, ha concluido Hernández, quien ha hecho un llamamiento a la unidad para afrontar la crisis lejos de batallas partidistas.
La crítica del portavoz de la ultraderecha en la Asamblea, Carlos Verdejo, ha arrancado con un protagonista inesperado: Marruecos. Verdejo ha argumentado que la Ciudad ha debido de soportar costes extraordinarios ante la necesidad de acoger a los marroquíes que quedaron atrapados en Ceuta tras el cierre de la frontera. “Marruecos ha dejado desamparados a sus ciudadanos: es el único país del mundo que lo ha hecho”, ha asegurado.
El segundo objetivo de Vox han vuelto a ser los menores extranjeros no acompañados. Verdejo ha censurado que el expediente de modificación de crédito contemple un incremento en 275.000 euros para el centro de menores.
“Este expediente no es un abrigo para nuestra sociedad, para una sociedad que lleva soportando veinte años la pandemia de su gestión”, ha criticado al inicio de su intervención la portavoz de MDyC, Fátima Hamed,
La diputada ha acusado al Gobierno de intentar tapar las deficiencias de su gestión con las consecuencias de la pandemia. Hamed ha negado que la Ciudad haya experimentado una caída de 19 millones de euros, una estimación que la portavoz de MDyC ha corregido para cifrarla en 15 millones.
La parlamentaria también ha acusado al Gobierno de postergar la formalización de los contratos de compra de material higiénico-sanitario frente a la pandemia “para acabar dándoselo a sus amigos”. MDyC denunció la pasada semana que el Gobierno de Vivas gastó casi 400.000 euros en la compra de material sanitario por un precio que, según los localistas, duplica el del mercado.
El diputado de Caballas, Mohamed Alí, ha reprochado a la consejera Chandiramani que no haya propiciado el consenso para sacar adelante el expediente de modificación de crédito. “Ustedes tienen un acuerdo con Vox, un partido que dice de ustedes que es un Gobierno marroquinizador –ha argumentado Alí- Para conseguir trece votos se alían con el diablo y creen que esto no tendrá consecuencias”.
Alí ha negado cualquier vocación social a las cuentas del Gobierno y ha criticado que los fondos recibidos desde el Estado no se destinen a financiar el coste social de la pandemia sino a “tapar sus boquetes, debidos a una mala gestión”.
“El expediente se olvida de los más vulnerables”, ha lamentado el líder de Caballas, quien ha asegurado echar de menos mecanismos de protección de los más débiles. Alí, como minutos antes había hecho Fátima Hamed, ha recordado que el expediente no incluye los 200 euros comprometidos en su día por el Gobierno para ayudar a los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo.
Todos los grupos de oposición han censurado los 3,6 millones de euros que el expediente contempla para financiar el coste de las sentencias desfavorables que los tribunales han impuesto a la Ciudad por distintos procedimientos abiertos. Entre estos procesos figuran las resoluciones contrarias a la institución por no aceptar la equiparación salarial de los trabajadores del Plan de Empleo con la plantilla de la Ciudad y por las demandas interpuestas por Urbaser, anterior concesionaria del servicio de limpieza.
El Gobierno se ha defendido de estas acusaciones argumentando que de esa partida 1,8 millones corresponden al litigio abierto por Urbaser. La consejera Chandiramani ha argumentado que, en este caso, la empresa solicitaba a la Ciudad 12 millones de euros. “Solo vamos a pagar un 10% de lo reclamado”, ha asegurado.
La consejera Kissy Chandiramani ha negado que el Gobierno local se haya desentendido de las necesidades de los más vulnerables, tal y como PSOE, MDyC y Caballas le han reprochado. Para argumentar su afirmación, Chandiramani ha sostenido que los dos expedientes de modificación de crédito aprobados hasta la fecha destinan más de 10 millones de euros a protección social.
La responsable de Economía y Hacienda también ha defendido la responsabilidad del Gobierno municipal durante la crisis para lo cual ha recordado que la Ciudad se está haciendo cargo de competencias que no le son propias, tales como educación e inmigración.
Chandiramani ha defendido la política en materia de turismo, desarrollada por el Gobierno a través de un contrato destinado a atraer visitantes a la Ciudad, un instrumento que, según ha avanzado la consejera, podrá estar disponible cuando, dentro de un año, haya pasado lo peor de la pandemia. “Lo que queremos es estar en la pole position”, ha sentenciado la consejera.
La portavoz del Gobierno en esta sesión plenaria ha replicado a las acusaciones de MDyC a propósito de presuntas irregularidades en la adquisición de material higiénico-sanitario. “Me gustaría que lo demostrase, porque es una acusación muy grave”, ha retado Chandiramani, visiblemente molesta, a la portavoz del partido localista.
Detalles del expediente
Las fuentes de financiación que utiliza el Gobierno para cuadrar los gastos previstos en el expediente son las transferencias a cargo del Fondo Covid que Ceuta recibirá del Estado, la reprogramación de los fondos FEDER, parte de los 7,2 millones que la Ciudad debe recibir del Gobierno central (fondos con cargo al convenio para la prestación de servicios en la frontera y la potabilización del agua) y la supresión de partidas ya contempladas en el Presupuesto 2020 por valor de 8,6 millones.
El expediente incluye también ayudas específicas por valor de 250.000 euros para los empresarios establecidos en la calle Claudio Vázquez y para la renovación de la flota de taxis.
Las sentencias judiciales contrarias a la Ciudad tienen una traducción económica en el documento. La institución municipal ha de cubrir el gasto derivado de la resolución que la obliga a abonar a los trabajadores del plan de empleo los mismos salarios que percibe el resto de la plantilla municipal. Además, deberá hacer frente al pago de las cantidades que, ordenado por fallo judicial, habrá de hacer efectivo a Urbaser, anterior concesionaria del servicio público de limpieza. El Gobierno tiene intención de presentar recurso contra esta última sentencia.
El expediente destina un millón de euros a la cobertura del gasto derivado de los refuerzos de personal en los servicios esenciales desde el estallido de la pandemia. En este capítulo se incluye a los trabajadores del área de Menores, las residencias de ancianos, la Policía Local, Emergencias y los servicios de guarderías.
Finalmente, entre los fondos catalogados de interés social figuran 450.000 euros para el servicio de autobuses.
