El expresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta (APCE) José Torrado se sienta este martes en el banquillo de la Audiencia Provincial para enfrentarse a una petición de penas de cinco años de cárcel, quince de inhabilitación absoluta y doce de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y del derecho de sufragio pasivo. Torrado está acusado de los delitos de prevaricación administrativa y malversación por favorecer presuntamente a Marina de Hércules S.A. (Mahersa), concesionaria de la gestión del puerto deportivo.
La acusación que pesa sobre el expresidente le considera responsable de un quebranto de las arcas de la APCE estimado en 1.476.889 euros. La Fiscalía reclama que Torrado restituya este dinero a la institución portuaria.
Los hechos se remontan al año 2006, fecha en la que se formaliza la adjudicación a Mahersa de la gestión del puerto deportivo conforme a un pliego de condiciones que, entre otras estipulaciones, fijaba la prohibición de incrementar por encima del 10% las tasas de atraque vigentes en ese momento. El pliego cuantificaba en 415.172,18 euros el canon que la adjudicataria debería abonar anualmente a la APCE.
Tras hacerse con la adjudicación, y conforme a la acusación que pesa sobre Torrado, Mahersa se vio beneficiada por el incremento del 10% al 13% del límite máximo contemplado en el pliego para la actualización de las tasas. Además, en el primer año de la explotación del puerto deportivo, la APCE redujo el canon de los más de 415.000 euros inicialmente establecidos a 157.236,74.
Entre 2007 y 2012, el expresidente habría dictado resoluciones para avalar la rebaja de las tasas anuales que debía satisfacer el concesionario, lo que privó al Puerto de percibir cuantiosas cantidades de dinero: 92.346,65, en 2007; 182.519,45, en 2008; 240.665,21, en 2009; 235.593,12, en 2010; 240.717,12, en 2011; y 238.370,83, en 2012.
Denuncia de los usuarios
El procedimiento que mañana sentará en el banquillo a José Torrado tiene su origen en la denuncia presentada en 2011 por la Asociación de Usuarios del Puerto Deportivo de Ceuta contra el expresidente, el director de la institución, César López, y el jefe de la división de Explotación, José Miguel Morales. Cinco años más tarde, el Juzgado de Instrucción número 5 ordenaba el sobreseimiento libre y total de las actuaciones.
Sin embargo, un recurso contra esta resolución reactivaba el procedimiento en 2017. La Audiencia Provincial atendía en parte los argumentos de los denunciantes y, aunque mantenía el sobreseimiento para López y Morales, ordenaba la continuación de las actuaciones en el caso de José Torrado.
El procedimiento tuvo un notable impacto político que, finalmente, acabó con la trayectoria de Torrado de más de 20 años, repartidos entre dos etapas, al frente de la Autoridad Portuaria. El expresidente dimitía de su cargo en mayo del pasado año.
