ESTIMA que no ha ayudado a mejorar la calidad del servicio ni a reducir las tarifas

Un estudio define como "inversión improductiva de fondos públicos" la línea de interés público

Un memorándum elaborado por Procesa aconseja abandonar el modelo de línea de interés público para el transporte marítimo por haberse revelado incapaz de mejorar la calidad del servicio y de reducir las tarifas. El actual contrato, adjudicado a Baleària, vence el 30 de junio de 2018. 

“La insistencia en la línea de celebración de nuevos contratos de navegación de interés público no parece en absoluto aconsejable”. Esta conclusión figura en el memorándum elaborado por la sociedad municipal Procesa sobra la situación de las tarifas del transporte marítimo.

Los redactores del documento sentencian el “fracaso” del modelo de línea de interés público que, a su juicio, no ha repercutido ni en la mejora de la calidad de los servicios ni en la reducción de su precio. La línea de interés público fue adjudicada por la Dirección General de la Marina Mercante a la naviera Baleària por 1,9 millones de euros. El periodo de vigencia de la adjudicación se extiende entre el 1 de julio pasado y el 30 de junio de 2018. A partir de esta última fecha, según sostiene el informe, lo recomendable sería desistir del empeño de mantener el régimen de interés público. Las razones quedan transparentemente expuestas en el documento.

“Este procedimiento no ha servido para establecer un servicio de condiciones óptimas de calidad (…) ni la elevada contraprestación por el Estado ha sido útil para ofrecer unos precios de transporte que no resulten disuasorios, como son los actuales”, se puede leer en el memorándum.

Los redactores del informe no dudan en presentar el dinero dedicado a la línea de interés público como “inversión improductiva de fondos públicos” que no ha reportado beneficio alguno a los usuarios.

 

Contratos de navegación

FRS y Acciona, las otras dos navieras que cubren la línea Ceuta-Algeciras, operan con arreglo a un denominado contrato de navegación de obligaciones de servicio público. En este régimen, los únicos compromisos que asumen las compañías son las de mantener una frecuencia mínima de tres viajes diarios y garantizar que prestarán servicio al menos durante dos años.

Frente a estas condiciones, el contrato de la línea de interés público que obliga a Baleària resulta un tanto más exigente: fija cuatro rotaciones diarias y establece que el buque ha de pernoctar en Ceuta y ha de garantizar la conectividad con otros medios de transporte.

Estas obligaciones que el contrato impone a Baleària resultarían imposibles de exigir si el Estado no sufragara con fondos públicos la contraprestación que permite la financiación del acuerdo con la naviera. Sin ellos, la capacidad de la administración para imponer este régimen de exigencias se desvanecería. “Resulta inútil pensar en un nuevo contrato de navegación que no contemple estas subvenciones estatales porque, eliminadas éstas, el régimen de obligaciones de servicio público resulta mucho menos gravoso para las empresas, que no habrían de asumir el resto de deberes que el contrato les imponía: sencillamente, en tal caso no acudirían a las licitaciones”, aclara el memorándum de Procesa.

 

Precios y ocupación

La lectura del documento resulta desconsoladora para los ciudadanos y la administración. Además del “fracaso” con el que caracterizan la política del Estado para mejora la calidad y los precios del servicio, el documento es taxativo a la hora de concluir el floreciente negocio que la explotación de la línea representa para las navieras.

Procesa, empleando datos contenidos en el informe solicitado por la Ciudad a la firma RBB Economics, concluye que el coste total medio por pasajero o vehículo que soportan las empresas resulta muy inferior al precio que se exige a los usuarios. Los beneficios de las navieras son calificados en el estudio de “extraordinarios”.

Los datos aportados por RBB Economics se antojan reveladores. El coste medio para el conjunto de la ruta asciende a 23,520 euros por pasajero. Frente a ello, los precios que se cobran actualmente a los usuarios superan esa cantidad entre un 36% y un 42%. La desproporción entre coste y precio también es evidente en el caso del transporte de vehículos: 56,364 euros por automóvil para unas tarifas por las que el pasajero ha de pagar entre 76,6 y 110 euros.

Esta generosa rentabilidad explicaría la escasa ocupación que tradicionalmente registran los buques que cubren el servicio: entre un 20% y un 22% en el caso de los pasajeros y entre un 16% y un 30% en el de los vehículos. Las navieras estarían forzando esta oferta desmesurada para conservar horarios y derechos de atraque. “Sobre todo, para los días en los que tiene lugar la Operación Paso del Estrecho, en los que la demanda supera con creces la oferta de plazas”, precisa el memorándum.

Todas estas consideraciones avalarían la tesis de la Ciudad de que las navieras podrían soportar sin ver comprometido su modelo de negocio una reducción de las tarifas. La propuesta del Gobierno local es la de instaurar una tarifa máxima obligatoria en una de las rotaciones que cada una de las navieras cubre a diario entre los puertos de Ceuta y Algeciras. Estas tarifas máximas estarían fijadas en 15 euros por trayecto para pasajeros (30 ida y vuelta) y 20 para vehículos (40 ida y vuelta).

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