Tras el atentado del pasado día 17 de agosto, el Sindicato Marítimo Portuario de FeSMC UGT ha mostrado su indignación ante unos hechos tan deleznables, así como traslada “nuestro más sentido pesar a los familiares y amigos de las víctimas”.
El sindicato explica que ha conocido a través de los medios de comunicación la intención de los terroristas de atentar en el puerto de Barcelona y han recordado que muchos de los puertos están calificados como infraestructuras críticas en términos de seguridad, millones de pasajeros y millones de toneladas, incluidas mercancías peligrosas, pasan anualmente por nuestros puertos a lo que no se da, según su opinión, una respuesta adecuada desde la Administración.
Un Reglamento de Explotación y Policía de los puertos preconstitucional, la falta de protocolos de actuación a nivel estatal, la escasez tanto de efectivos como de medios de que se disponen no resultan óptimos para afrontar la realidad que tanto preocupa a la ciudadanía y por supuesto a la UGT. Es de reseñar que todas las Autoridades Portuarias, incluidas las dirigidas por políticos del Partido Popular, han solicitado incorporar un número de efectivos muy superior al otorgado por la oferta de empleo público en los últimos años.
También manifiesta su preocupación por la seguridad en nuestros puertos. Hace tiempo que venimos exponiendo la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los trabajadores adscritos al servicio de policía portuaria, así como de eliminar la excesiva temporalidad y de adecuar la plantilla a la actividad de los puertos de interés general, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.
Profesionalidad
Hasta la fecha la profesionalidad de los trabajadores de dichos organismos, empleados públicos seleccionados por criterios de igualdad, mérito y capacidad ha permitido, no sin un encomiable esfuerzo, prestar los servicios de una manera más o menos efectiva.
El pasado día 17 de agosto se ha producido un punto de inflexión y la política de recortes y de privatizaciones, que lo único que persiguen es abaratar costes en un sector con pingües beneficios, coloca a los puertos españoles en una situación crítica, en contra de la correcta prestación de los servicios y, en particular, de la seguridad. Es suficiente tomar como ejemplo lo acontecido en el aeropuerto del Prat.
En consecuencia, el sindicato solicita un cambio en la política portuaria del Gobierno en la que primen la seguridad y la calidad en la prestación de los servicios sobre los beneficios de las empresas privadas y se dote del marco jurídico, de la plantilla y los medios adecuados a los trabajadores de las Autoridades Portuarias y en concreto al colectivo de Policía Portuaria, sobre todo en estos momentos en los que los lamentables hechos acaecidos han supuesto la pérdida de numerosas vidas humanas y más de un centenar de heridos.
