Según la información obtenida por Ceuta Actualidad, la próxima semana están llamados a declarar el director financiero de la Autoridad Portuaria de Ceuta (APC), el secretario de la misma y la persona que con anterioridad había ocupado este puesto.
Para la siguiente semana, la autoridad judicial tiene citados para prestar declaración a dos técnicos de la APC así como al que fuese representante de Puertos de Estado por las fechas a la que se remontan los hechos denunciados por la formación política MDyC.
Sobre este mismo caso ya tuvieron que declarar fechas atrás el espresidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, José Torrado, así como el directo del Puerto, César López.
MDyC interpuso ante el Juzgado de Instrucción número 5 una denuncia, que tras el reparto recayó en el número 1, contra el expresidente de la Autoridad Portuaria José Torrado y el director de la institución, César Ansorena, por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en una de las viviendas ocupadas por trabajadores del Puerto. Ceuta Actualidad ya publicó el pasado 28 de diciembre una información en la que se daba cuenta de las irregularidades que el partido de Fátima Hamed lleva ahora a los tribunales.
La formación localista consideró que los trabajos de acondicionamiento acometidos en el número 4 del complejo de viviendas que la Autoridad Portuaria posee junto al Muelle España fueron adjudicados vulnerando la normativa de contratación pública. La presidenta de MDyC, Fátima Hamed, ha explicado hoy ante los medios que los hechos denunciados podrían suponer la comisión de los delitos de malversación, prevaricación y administración desleal.
Según sostiene MDyC en su denuncia, la Autoridad Portuaria autorizó la ejecución de unos trabajos de electricidad y fontanería en la vivienda número 4 que fueron adjudicados por un montante de 49.060 euros a la constructora Maninsol S.L. Estas obras concluyeron el 15 de noviembre de 2016. Posteriormente, y ejecutadas por la misma empresa, se acometió un proyecto de impermeabilización, presupuestado en 51.000 euros, y un nuevas obras para el recalce y refuerzo del forjado, contratadas por 54.000 euros. Estos últimos trabajos concluyeron, respectivamente, en marzo y abril de 2017.
Las sospechas de la formación localista sobre el procedimiento seguido se fundan en que todos los trabajos fueron encomendados a una misma empresa mediante la formalización de sucesivos contratos menores pese a que la obra se ejecutó en una sola vivienda. La suma de estas adjudicaciones superó los 155.000 euros, muy por encima de lo que la normativa establece como contrato menor.
El expresidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Rodríguez Valero, propuso un proyecto para la demolición de todas las viviendas, medida aprobada por el consejo de administración de la institución el pasado 4 de diciembre.
