Puerto

La autoridad judicial estudia a partir de ahora si existen indicios de delito

El Juzgado de Instrucción número 1 incoa diligencias tras la denuncia de MDyC sobre el Puerto

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El Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta ha acordado incoar diligencias tras la denuncia presentada por MDyC contra el expresidente del Puerto, José Torrado, y el director del mismo, César López Ansorena, por la presunta comisión de irregularidades en la adjudicación y ejecución de obras en una de las viviendas ocupadas por trabajadores del Puerto.

La denuncia fue interpuesta por la formación política el pasado 9 de enero ante el Juzgado de Instrucción número 5. Tras entrar en turno de reparto, la misma ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 1, que ha acordado la incoación de diligencias sin ninguna medida aún.

Este hecho no supone que la denuncia presentada esté admitida a trámite, ya que ahora tiene que ser estudiada por la autoridad judicial para ver si existen indicios de delito. Tras este estudio, la autoridad judicial decidirá si abre diligencias de investigación o si archiva la denuncia.

La formación localista considera en su denuncia que los trabajos de acondicionamiento acometidos en el número 4 del complejo de viviendas que la Autoridad Portuaria posee junto al Muelle España fueron adjudicados vulnerando la normativa de contratación pública. La presidenta de MDyC, Fátima Hamed, explicó ante los medios que los hechos denunciados podrían suponer la comisión de los delitos de malversación, prevaricación y administración desleal.

Según sostiene MDyC en su denuncia, la Autoridad Portuaria autorizó la ejecución de unos trabajos de electricidad y fontanería en la vivienda número 4 que fueron adjudicados por un montante de 49.060 euros a la constructora Maninsol S.L. Estas obras concluyeron el 15 de noviembre de 2016. Posteriormente, y ejecutadas por la misma empresa, se acometió un proyecto de impermeabilización, presupuestado en 51.000 euros, y un nuevas obras para el recalce y refuerzo del forjado, contratadas por 54.000 euros. Estos últimos trabajos concluyeron, respectivamente, en marzo y abril de 2017.

Las sospechas de la formación localista sobre el procedimiento seguido se fundan en que todos los trabajos fueron encomendados a una misma empresa mediante la formalización de sucesivos contratos menores pese a que la obra se ejecutó en una sola vivienda. La suma de estas adjudicaciones superó los 155.000 euros, muy por encima de lo que la normativa establece como contrato menor.

“Nos llama mucho la atención que las obras se hayan ejecutado de manera inversa; en último lugar se acometieron las obras que deberían de haberse hecho primero”, argumentó Hamed ante los periodistas.

Hamed también planteó otras dudas sobre el proceder de la administración portuaria, a la que acusó de invitar a los procedimientos de adjudicación de contratos a personas físicas que no ejercían representación alguna de personas jurídicas. Además, reclamó explicación acerca de los criterios que sigue la Autoridad Portuaria para asignar las viviendas de su propiedad a los trabajadores de la institución.

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