Poco más de un año más tarde, sentado en las escaleras frente a la cafetería del “Passió per Formentera”, el presidente Juan Vivas había de recordar aquella tarde cercana en la que reconvino el comportamiento de las navieras. Corría diciembre de 2014, y un ofendido Vivas clamaba públicamente contra las compañías por suspender sus ofertas precisamente en los periodos durante los cuales la afluencia de viajeros resultaba mayor. La Ciudad no estaba contenta con la explotación del servicio marítimo de pasajeros y reclamaba una gestión más racional: menos rotaciones para garantizar una mayor ocupación de los ferris, lo que, según el argumento de las autoridades municipales, devendría en una reducción del precio de los billetes.
La queja no era nueva, sin embargo, como tampoco lo fue la respuesta de las empresas: nada que decir al respecto.
El objetivo de implantar unas tarifas en el transporte marítimo que no disuadan a potenciales turistas de visitar Ceuta continúa siendo inasequible pese a todas las demandas y estrategias planteadas a lo largo de los años. El relato que comienza con Vivas precariamente acomodado en las escaleras de un ferri es el de la historia de mil y un expedientes ideados para reducir el precio de los pasajes en la línea Ceuta-Algeciras.
El episodio más reciente de esta narración nos remonta a hace apenas unos días. La Consejería de Turismo y Deportes anunciaba una enmienda a los Presupuestos de la Ciudad para 2018 por la que se crea una partida de 6 millones de euros dirigida a fomentar la actividad comercial y turística en Ceuta. De esta cantidad, un millón se destinará a licitar un concurso para promover la rebaja del precio del pasaje para visitantes de fin de semana.
Pero no es el primer intento que las autoridades han promovido para acabar con la tiranía de unos precios que dificultan notoriamente el desarrollo de una industria turística fundada en la llegada de visitantes procedentes de la Península.
En todas estas tentativas, ha resultado necesario hacer uso de las llaves que abren las arcas públicas. Las navieras, sistemáticamente, han negado su colaboración en cualquier iniciativa concebida para rebajar los precios. Del mismo modo que la Creación es obra de Dios, la determinación de las tarifas compete a la Competencia, debe de oírse en los salones donde se reúnen los consejos de administración de las navieras como una letanía.
Una idea del arraigo que este lugar común tiene entre los directivos de las compañías que gestionan el transporte de pasajeros en el Estrecho la ofrecía en octubre de 2012 el presidente de la naviera Baleària, Adolfo Utor. Según el ejecutivo, sólo si la línea Ceuta-Algeciras fuera gestionada por una única naviera que asumiera toda la demanda, sería posible reducir el precio del pasaje de barco.
El problema radica en que nadie, ni siquiera las autoridades, reconocen que ese régimen competitivo al que apelan las navieras exista realmente. El Gobierno de la Ciudad lo dejaba claro en una nota de prensa remitida a los medios en febrero del pasado año: la evidencia de que tal competencia entre Baleària, FRS y Trasmediterránea no existe la ofrece el hecho de que, pese a la baja ocupación que registran sus barcos, los precios de todas las compañías son prácticamente idénticos. “No se compite en precios pese a que los barcos en un buen número de ocasiones vienen casi vacíos”, protestaban el Gobierno municipal.
Este comunicado nació, precisamente, de la indignación. Un día antes, un domingo 14 de febrero, el “Passió per Formentera”, de la compañía Baleària, zarpaba de Algeciras abarrotado, con centenares de ceutíes a bordo que, tras esperar media hora la salida del buque, se vieron obligados a viajar de pie, sin posibilidad de ocupar una butaca. Entre ellos, el mismísimo presidente Vivas, sentado, como más arriba se describía, en las escaleras de acceso a cubierta.
El Gobierno de la Ciudad explotó. Habló de “demanda cautiva”, de “abuso”, de la manifiesta evidencia de que estaba en manos de las navieras reducir los precios sin ocasionar perjuicios a sus cuentas de resultados ni, tal y como demandaba alguna compañía, rebajar las tasas portuarias. “Es decir, sin que tenga que pedirse un esfuerzo adicional a las arcas públicas”, sostenía el ejecutivo de Vivas.
El “cheque-viaje”
La santa indignación del Gobierno local no había impedido antes ni lograría evitar después que todas las iniciativas ideadas para rebajar los precios de las tarifas corrieran a costa del bolsillo de los contribuyentes. Las bonificaciones establecidas por el Estado y las aportaciones procedentes de los presupuestos municipales fueron antes y serían más tarde el único instrumento al alcance para abaratar los pasajes.
Más allá de algunas iniciativas planteadas por la oposición municipal y nunca consideradas –la formación localista Caballas llegó a proponer la creación de una naviera municipal-, todas los expedientes ideados para reducir los precios, se ejecutaran o no finalmente, se han fundado siempre en el gasto de los dineros públicos. Y, cuando se propuso otra cosa, el proyecto acabó fracasando.
En marzo de 2015, la Consejería de Economía y Hacienda planteaba bonificar los pasajes de ida y vuelta para turistas con llamado “cheque-viaje” por valor de 22 euros con los que poder adquirir artículos en los establecimientos comerciales de la ciudad. Los cálculos del Gobierno estimaban que el coste de esa bonificación se repartiría entre la Ciudad, que aportaría 2 euros, las asociaciones empresariales, que participarían con la misma cantidad, y las navieras, que asumirían los 18 euros restantes. La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) llegó a cifrar en 1,5 millones de euros el impacto que esta medida tendría sobre la economía local. Ni que decir tiene que las navieras decidieron, finalmente, abstenerse de participar en el proyecto.
Algo más modesta, y de una eficacia y rentabilidad todavía por establecer, fue la idea de subvencionar los pasajes de barco a las personas que mantienen alguna vinculación familiar o emocional o arraigo con la ciudad. Servicios Turísticos reintegraría hasta 28 euros por billete de ida y vuelta en un máximo de tres viajes anuales.
Más recientemente, Ceuta se ha sumado a las peticiones planteadas por las comunidades de Canarias y Baleares y la ciudad autónoma de Melilla al Gobierno central para que se incrementen las bonificaciones al transporte en las líneas que unen estos territorios con la Península. Si Madrid llega a atender estas demandas, la bonificación que actualmente se aplica para residentes en los precios de los billetes se elevaría del 50% al 75%.
