En la reunión del consejo de administración de la APC de 12 de mayo de 1995, bajo la presidencia de Carmen Castreño, se alcanzó el acuerdo de la “demolición de cada vivienda de la sección del muelle de España en el momento de su desocupación y afectación consiguiente de la parcela desocupada al dominio público portuario para ser explotada conforme a los bienes de tal naturaleza”.
Este acuerdo obedecía a la propuesta formulada por Carmen Castreño al consejo sobre el destino de los terrenos ocupados por las viviendas de la sección del muelle de España.
En el acto de la propuesta se hacía mención al artículo 36 c de la Ley 27/92 sobre Puertos del Estado, “que establece que uno de los objetivos a lograr por la Autoridades Portuarias es la optimización de la gestión económica y la rentabilidad del patrimonio”.
No causar perjuicios
En el documento se reconoce que las 10 viviendas que se ubican en esa zona están ocupadas por persona ligada a la Autoridad Portuaria por prestación de servicios en régimen laboral, y que en el “ánimo de la Presidencia no está el causar perjuicios sociales” a las personas que aquel momento las ocupaban.
Es por ello que la Presidencia del Puerto estimaba que el proceso de optimización “puede desarrollarse a medio plazo”, por lo que Castreño sometió a la consideración del consejo de administración la propuesta de demolición de cada vivienda en el momento de su desocupación y afectación consiguiente de la parcela desocupada al dominio público portuario para ser explotada conforme a los bienes de tal naturaleza.
En la propuesta también se decía que ello, además, “está en consonancia con el artículo 55.2 de la Ley 27/92, de 24 de noviembre que prohíbe, desde su promulgación, en las zonas portuarias edificaciones para residencia o habitación”.
El asunto fue suficientemente debatido, según se refleja en el acta de la reunión de consejo, y que sometida la propuesta a votación prosperó siendo aprobada por mayoría, con la abstención de cinco miembros del consejo.
A partir de ese momento y tras el acuerdo del consejo, los chalés tenían que haber sido derribados en el momento de su desocupación, aunque a día de hoy ello no se ha producido pese a ser obligatorio cumplir con lo acordado en el consejo de administración del Puerto, a no ser que hubiera otro consejo posterior que anulara el punto del acta referente a la demolición de los chalés del muelle de España, cuestión ésta que pese a los intentos realizados por Ceuta Actualidad no ha sido corroborada su existencia.
Ante ello cabe deducir que existe una irregularidad de más de 23 años.
En este sentido, recordar que Carmen Castreño fue nombrada por el Gobierno de la Nación, las competencias para su nombramiento no estaban aún en poder de la Ciudad, el 17 de enero de 1995, sucediendo en el cargo a Pedro Alonso Menlle. Castreño permaneció en el cargo hasta el 3 de julio de 1996, fecha en la que fue cesada y en la que se nombra presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta a José Torrado, según se recogía en el Boletín Oficial del Estado de 9 de julio de 1996.
Hace pocas fechas, el consejo de administración volvió a acordar la demolición de los mencionados chalés.
