Plena Inclusión propone que en el nuevo texto de La Ley de la Función Pública se garantice que toda persona con un 33% de discapacidad intelectual pueda presentarse a oposiciones. Así optaría al 2% de las plazas de empleo público reservadas por ley, desde 2011, para estas personas, un requisito que no se cumple en la actualidad. Esta reivindicación coincide con ‘El empleo público: una oportunidad para las personas con discapacidad’, un evento organizado por Fundación ONCE y el CERMI, en el que ha participado Plena inclusión y donde la ministra de Función Pública, Mª Jesús Montero, ha reconocido la necesidad de apoyar el acceso al empleo de las personas con discapacidad intelectual: “Porque lo tienen más difícil que el resto”, ha recordado. Además, demanda que se incluya el reconocimiento de los factores sociales, junto al porcentaje de discapacidad, para evaluar si una persona puede optar a la subcuota reservada para personas con discapacidad intelectual.
Este criterio se sostiene jurídicamente si se acude a lo argumentado en el texto de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, que España firmó en 2008. Allí se afirma que “los factores sociales forman parte de la discapacidad”.
Carmen Laucirica, presidenta de esta confederación que agrupa a 950 asociaciones que apoyan a más de 150.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo (síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral) ha expresado “una enorme preocupación por el rechazo que se está produciendo en el proceso selectivo a aspirantes que no alcanzan la certificación, por sí sola, de un diagnóstico de discapacidad intelectual del 33%”. “Algo que cambiaría”, defiende la presidenta de Plena inclusión España, “si, como requisito, se sumaran otros factores sociales que presentan y que son determinantes al calificar su grado de discapacidad”.
Desde Plena inclusión España se subraya el gran avance que ha supuesto para la inclusión laboral de miles de personas la puesta en marcha de la ley que garantiza, desde 2011, la reserva de un 2% de las plazas de empleos de todas las administraciones públicas (estatales, autonómicas o municipales). Y que se haya hecho para todos los procesos selectivos: tanto libres, como de promoción interna. Sin embargo, y después de una década de experiencia en el apoyo a miles de personas que se han presentado a los procesos selectivos, esta organización interpela a los legisladores para que amplíen el criterio que en la actualidad impide acceder al derecho a lun trabajo digno a otras muchas personas con discapacidad intelectual.
Ajustes razonables
La Ley de la Función Pública, que se halla en la fase final de su tramitación parlamentaria, “debería garantizar el derecho a ajustes razonables, facilitando el temario en lectura fácil e implementando otras medidas compensatorias. Así se atendería a las necesidades específicas de cada aspirante con discapacidad intelectual en el acceso a la función pública y en el posterior mantenimiento de su puesto de trabajo”. Recientemente, la Junta Directiva de Plena inclusión España ha aprobado un posicionamiento que recoge las principales demandas de mejora para los concursos de oposición dirigidos a personas con discapacidad intelectual con el fin de evitar discriminaciones que, de hecho, se están produciendo en gran parte de las pruebas selectivas.
