Carta abierta al consejero de Medio Ambiente y otras instituciones y agentes sociales
La creación de la nueva empresa municipal SERVILIMPCE, supuso la creación de aproximadamente medio centenar de empleos públicos que fueron cubiertos de manera directa sin que para ello mediara proceso selectivo alguno. Los principios constitucionales que rigen la contratación pública fueron obviados, atendiendo a la excepcionalidad que supone el mecanismo de subrogación en el proceso de remunicipalización emprendido y culminado por la Asamblea de la Ciudad. No parece que se haya cometido irregularidad alguna, aunque es preciso dejar constancia de que se ha privado a miles de ceutíes de optar a la cobertura de unos puestos de trabajo a los que, en principio, tendrían derecho a optar.
Sin embargo, lo que debe quedar muy claro, no sólo al Gobierno de la Ciudad, y también a todas las instituciones y agentes sociales que intervienen, de un modo u otro, en los procesos de contratación laboral en la administración local, es que la subrogación es un mecanismo legal de protección de derechos que no puede convertirse (de manera fraudulenta) en un privilegio frente a terceros.
Los derechos de todos los trabajadores subrogados (que no han sido sometidos a un proceso selectivo) deben respetarse escrupulosamente. Pero hasta ahí. Cualquier hora más de trabajo que se genere en la nueva empresa municipal, es empleo público y debe estar sujeto, ineludiblemente, a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
Sin privilegios para nadie. Así, de hecho, lo pone de manifiesto la propia inspección de trabajo en su informe emitido recientemente a este respecto: “…Efectivamente la empresa debe buscar formas para ello y, en el caso que nos ocupa, intentar cumplir el art. 34, y otros similares, del convenio colectivo, pero siempre será respetando los principios presupuestarios que lo posibiliten y no infringir los principios de igualdad, mérito y capacidad a la hora de nuevas contrataciones o ampliaciones de jornada. Deberá para ello, teniendo el crédito suficiente, sacar a oposición o concurso oposición, conforme las normas de procedimiento de la normativa pública al respecto, unas bases que respeten los principios anteriores y proceder a la cobertura de las correspondientes plazas que se vayan sacando a concurrencia pública”
Nadie tiene derecho a privar a los ciudadanos y ciudadanas del ejercicio de sus derechos. Todos los ceutíes, entre los que se encuentran los integrantes de las Brigadas Verdes a los que represento, tienen derecho a optar a todos los puestos de trabajo que se creen en SRRVILIPCE, sean de la modalidad que sean y por el periodo que fuere. Cualquier intento de escamotear a la ciudadanía todo o parte del empleo público generado por SERVILIMPCE supone una flagrante e intolerable vulneración de derechos que no puede quedar impune.
Fdo:Mustafa Mohamed Mustafa
Presidente del Comité de Empresa de las Brigadas Verdes