Desde el MDyC, en la labor de fiscalización que realizamos a la gestión realizada por el ejecutivo local, con el beneplácito del Partido Socialista, hemos estado revisando la situación de las actuaciones realizadas por la empresa agraria Tragsa y Tragsatec en nuestra ciudad. Unas actuaciones que se han traducido en retrasos en la ejecución de las obras que se le han venido adjudicando en el mejor de los casos, ya que en algunos como la obra programada y nunca realizada en Juan XXIII se quedó sin hacer. A ello, hay que añadir los elevados precios y tarifas que se le facturan al Ayuntamiento. De hecho, en una entrevista del máximo responsable, el Presidente del Grupo Tragsa, reconoce que en cuanto a encargos, “probablemente estemos por encima de los 100.000.000 o 150.000.000 millones de euros globalmente.”
Con todo, y sobre todo por la decisión adoptada de adjudicarles a Tragsa y Tragsatec por parte del Ejecutivo local las obras que han ido surgiendo, y que en palabras del propio Presidente del grupo “sirvieron para que mantuvieran su actividad” se sometían a la fiscalización y control por parte del área de Intervención de la ciudad, de la que queremos destacar varios reparos, siendo uno de los más generalizados el que hace referencia, como conclusión, a que “Tragsatec ha podido generar un enriquecimiento injusto constituido por la diferencia entre la cantidad recibida de la Ciudad y el importe efectivamente gastado en el servicio contratado.”
Sin, embargo, observaciones como la aludida dejarán de ser manifestadas por la Intervención local ya que la actual responsable del área de Hacienda ha decidido, entendemos que por su cuenta y riesgo, tal y como decidió abonar más de 1.000.000 millón de euros por echar lejía en nuestras calles, suprimir de los encargos realizados al grupo Tragsa la necesidad de fiscalización previa de esos encargos por parte de la Intervención.
Una decisión impropia y absolutamente inadecuada de quien debe velar por la transparencia y la legalidad de los procedimientos que finalmente, se pagan con dinero de todos los ceutíes.
Parece que a la señora Chandiramani le parece bien que en todas las encomiendas de gestión con la mercantil TRAGSA y sus filiales, se paguen sin que la Intervención, que es quien fiscaliza y controla los pagos que se hacen, pueda siquiera manifestar lo que considere oportuno con carácter previo a los pagos a realizar.
A cualquiera nos resulta inimaginable que las empresas que facturan a la ciudad puedan eludir el control de la administración, es más, pequeñas empresas que facturan cantidades nimias son fiscalizadas antes de procederse al pago, sin embargo, la señora Chandiramani prefiere el ordeno y mando y eliminar, a golpe de Decreto (concretamente de fecha 9 de febrero de 2023) algo tan esencial en cualquier sistema democrático como es la fiscalización y en este caso de la que deben realizar desde los servicios técnicos del ayuntamiento.
Por ello, exigimos a la señora Chandiramani que recule en esta errónea decisión, la deje sin efecto y se mantenga la fiscalización por parte de los servicios técnicos de la ciudad. O eso, o ya puesta, que deje sin pasar por la fiscalización de la Intervención local todos los grandes contratos que se adjudiquen y nos convierta en la república bananera en la que parece pretender que nos convirtamos.
