Remitidos

El fin de "suavizar" las incompatibilidades de los directores gerentes de las mismas.

Cuando la política se contamina

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Según diversas fuentes, se  ha podido conocer que la ciudad autónoma, podría modificar los estatutos de algunas sociedades con el fin de "suavizar" las incompatibilidades de los directores gerentes de las mismas.

 

Según diversas fuentes, se ha podido conocer que la ciudad autónoma, podría modificar los estatutos de algunas sociedades con el fin de "suavizar" las incompatibilidades de los directores gerentes de las mismas.

El asunto, aunque nuevo, no es más que la continuación de un rosario de noticias similares que afectan a diputados y consejeros, que parecen aspirar al estado ideal: el cargo descargado. Diputados que pretenden cobrar su sueldo de funcionarios sin trabajar en sus funciones y consejeros que desean dirigir la política de la ciudad sin comprometerse del todo con ella. Desde luego, mucho tendrán que retorcerse los argumentos jurídicos para llegar a la conclusión de que eso es legal, no diríamos desde luego que moral. En definitiva, lo que se desprende de estas informaciones es que lo del traje a medida se va a poner de moda y esta moda, puede desembocar en cosas tan alucinantes como las ya vistas en otros tiempos, en los que había concejales que contrataban con sus propias empresas o las de sus amigos.

En el caso de las sociedades el asunto es igual de grave. Un gerente es una persona contratada por razones de confianza para centrarse en la gestión de una encomienda de la ciudad. Por ello, hasta ahora, los estatutos con acertado criterio, establecen una imposibilidad general de compatibilizar esas funciones gerenciales, con cualquier otra tarea administrativa o mercantil. Las sociedades dependientes de la ciudad, también contratan a terceros para realizar obras, suministrar bienes o prestar servicios. Abrir paso a la laxitud en la exigencia de esa incompatibilidad, es un paso arriesgado y sospechoso.

El caso de Acemsa está llenando muchas páginas, pero lo cierto es que cada información a la que accedemos, coloca más cerca de la contaminación que de la buena gestión las decisiones que desde la ciudad autónoma se están tomando. ¿Se están tomando decisiones en defensa del interés general o del interés partidista? ¿Existen presiones de algún diputado del psoe sobre el Gobierno de la Ciudad para estirar más de la cuenta las competencias del gerente de Acemsa? ¿El posible cambio en los estatutos de Acemsa para que el gerente pueda compatibilizar su trabajo con la dirección del contrato de la basura, que es de la ciudad, se haría por razones de eficacia o porque alguien lo impone? Y ¿Quién es ese alguien? ¿Es de dentro o de fuera? ¿O una cosa y otra son lo mismo? El contrato de la basura, es el contrato más importante de todos los que tiene la ciudad con empresas externas ¿Puede alguien de confianza del Gobierno, sin estar revestido ya de la imparcialidad de cualquier empleado público, dirigir ese contrato sin generar sospechas? Tal vez el único no culpable de esta situación sea el gerente de acemsa, técnico cualificado hasta hace poco de la sociedad y convertido ahora en personal de confianza, es decir, sometido al dictado de quien dirige la política de la ciudad. Es la insistencia de los responsables políticos en colocarle una y otra vez en puestos de confianza, lo que puede invalidar su quehacer técnico.

¿Por qué hay una exigencia por parte de algún diputado socialista en que determinadas tareas se concentren en una determinada persona, a sabiendas de que está forzando la maquinaria administrativa más allá de lo razonable? ¿No hay nadie más igual de cualificado, con la condición de funcionario, es decir, imparcial, para preservar el derecho de todos los ceutíes a que los contratos sean eficientes y transparentes? Las sospechas de que alguien externo e interesado está detrás de esas presiones, son cada vez más espeluznantes y ningún Gobierno debería dejar correr tanta basura con tanta tranquilidad.

La ciudad autónoma debe servir al interés de todos y no ser rehén de intereses de nadie, por legítimos que estos sean y no debería distanciarse ni lo más mínimo en cuanto a las exigencias a los altos cargos y personal de confianza, de lo que es práctica habitual en cualquier administración pública. No vale frente a esto la retórica del portavoz, que por ramplona se limita a negar la evidencia, incluso cuando la ve escrita.

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