Con motivo de la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la trata de Mujeres, Niñas y Niños, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, el Gobierno de España reitera su firme compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres cuya consecución requiere la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular, la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual.
La explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual constituyen graves violaciones de los derechos humanos. La normativa internacional establece la obligación de los poderes públicos de prevenirlas, sancionarlas y de garantizar la atención, asistencia, protección y recuperación de sus víctimas, desde una perspectiva de derechos humanos que sitúe como elemento central a las víctimas.
Este año se conmemora el vigésimo aniversario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo), primer instrumento internacional en la materia, que sirve como el punto de partida de la creación y ejecución de las políticas públicas en relación con la lucha contra la trata de seres humanos.
El Protocolo de Palermo establece una definición consensuada internacionalmente de la trata de seres humanos una de cuyas manifestaciones más graves es la explotación sexual y la explotación de la prostitución ajena: “La captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o a concesión de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación en la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extirpación de órganos”. Además, compele a los Estados parte a adoptar “medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar este Delito en su derecho interno”.
Asimismo, en este año conmemoramos el vigesimoquinto aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, cuyo objetivo estratégico D.3 insta a los Gobiernos a eliminar la trata de mujeres y prestar asistencia a las víctimas de la violencia derivada de la explotación sexual, prostitución y la trata de mujeres.
La dimensión mundial y trasnacional de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual y el incremento de la detección y el aumento del número de víctimas de trata están reflejados en el Informe Global de Trata de Personas 2018 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que recoge que, en 2016, el número de víctimas reportadas a nivel global alcanzó su nivel más alto llegando a más de 24.000. Este Informe muestra que el 72% de las víctimas detectadas en 2018 en todo el mundo son mujeres, el 49% de los casos son mujeres adultas y el 23% son niñas.
La abrumadora realidad que muestran estos datos es que la mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial son objeto de trata con fines de explotación sexual, y la inmensa mayoría mujeres, lo que evidencia su incuestionable componente de género. Ambos aniversarios nos brindan la ocasión de poner en valor los instrumentos desarrollados por España para mejorar la coordinación y la colaboración interinstitucionales y la participación de las organizaciones de la sociedad civil cumpliendo los compromisos y estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de erradicación de la violencia de género, que nos sitúan como referentes internacionales.
En este sentido, y como consecuencia de la crisis sanitaria mundial a causa de la COVID-19 y del incremento de la violencia asociado al aislamiento social para prevenir y contener esta pandemia sanitaria, el Gobierno ha aprobado la Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de genero ante la crisis del COVID-19: medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución. Con él garantizamos el establecimiento y adaptación de los servicios públicos y los recursos a las circunstancias de máxima vulnerabilidad de las víctimas de trata y explotación sexual, sobre todo, de quienes son migrantes y menores de edad, para atender sus necesidades específicas desde la garantía de los derechos de las víctimas.
El Protocolo de Palermo, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, junto al Convenio del Consejo de Europa de lucha contra la trata de seres humanos (Convenio de Varsovia), constituyen el marco internacional en el que España continúa avanzando con firmeza desde el liderazgo de las políticas feministas en pro de la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres para la consecución de una sociedad igualitaria, mediante el impulso de normas como ley garantía integral de la libertad sexual, la promoción de una ley contra la trata de seres humanos y la promoción de políticas públicas que, en cumplimiento de los compromisos internacionales, procuren la erradicación de la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños y sitúen la protección de los derechos de las víctimas en el centro de la acción.
Mediante esta Declaración Institucional, el Gobierno de España expresa su firme compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la explotación sexual y la trata de seres humanos, y con la puesta en práctica de medidas que, a través de la colaboración y cooperación entre todas las administraciones, instituciones y organizaciones que prestan servicios a las víctimas, promuevan la prevención, la atención y recuperación de las víctimas de trata con fines de explotación sexual con un enfoque centrado en la protección y garantía de sus derechos y dignidad.
