Desde la plataforma Madre Ceuta están llevando a cabo una colecta solidaria debido a los cortes de luz que la empresa Endesa está llevando a cabo contra familias en exclusión total y pobreza. Siendo un delito, las empresas, no podrán cortar los suministros de agua, luz y gas a hogares vulnerables aunque no tengan contrato El Consejo de Ministros dio luz verde al decreto que suspenderá desahucios de inquilinos vulnerables e impedirá cortar los suministros básicos (agua, luz y gas) a los consumidores con graves dificultades económicas. La nueva norma busca “proteger a las personas y familias más vulnerables, pero proteger también los derechos de terceros, como son los arrendadores”, estará vigente hasta la finalización del estado de alarma (prevista el próximo 9 de mayo). “Es una normativa que no legitima ninguna ocupación de vivienda” y que “distingue perfectamente las casuísticas”, en alusión al hecho de que la prohibición de desalojar se extienda a algunos hogares que ocupan viviendas en precario, es decir, sin contrato de arrendamiento.
En casos de dependencia, menores a cargo o víctimas de violencia de género y siempre que el propietario del inmueble ocupado sea un gran tenedor (el que tiene más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo viviendas y garajes). Según ha explicado el titular de Transportes, donde recaen también las competencias estatales de Vivienda, en todos los casos serán los afectados por la petición de desahucio quienes deberán solicitar la paralización del proceso de lanzamiento. En atención a esa petición, el juez deberá solicitar un informe de los servicios sociales que además de acreditar la vulnerabilidad del inquilino (un requisito fundamental) propondrán medidas para que no se queden en la calle.
“Las comunidades autónomas deben proveer alternativas habitacionales: si estas se resuelven favorablemente el tema se habrá resuelto y, en caso de que no pudiera resolverse, el propietario tendrá derecho a una compensación”.
Prohibición de corte de suministros.
La legislación contra los desahucios provocó chispas, finalmente se llegó a un acuerdo y se ha logrado también introducir otra de las exigencias de la formación de Pablo Iglesias: la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables.
La fórmula que se encontró (en este caso tras una negociación con Transición Ecológica) es la de impedir que las compañías eléctricas, gasísticas y de agua corten el suministro a consumidores vulnerables, vulnerables severos y en riesgo de exclusión social. Estas situaciones están acreditadas mediante la percepción del bono social eléctrico. Bastará con presentar una factura en la que se reconozca que se es perceptor del bono eléctrico para que opere esa prohibición.
Pero a este tipo de hogares se añade otro supuesto. Se trata, según la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, de “familias que presenten un grado de vulnerabilidad equivalente, pero que no hayan tenido todavía el reconocimiento del bono eléctrico por no ser titulares del contrato”. Es decir, que cuando los servicios sociales acrediten que una familia, aunque no tenga un contrato con la compañía de suministros, se encuentra en situación análoga a la que le permitiría percibir el bono eléctrico, también se prohibirá el corte de luz, agua o gas en ese hogar.
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