Un año más conmemoramos el aniversario de nuestra Constitución, el trigésimo octavo, un texto que ha servido como pilar de la convivencia que hemos mantenido los y las españolas durante este largo período. Una Carta Magna que nos trajo la libertad, la democracia, los valores de justicia, igualdad y sobre todo el estado social y democrático de derecho.
Unos principios a los que no estamos dispuestos a renunciar, pero la actual Constitución española se ha quedado obsoleta, en todo ese periodo solo dos cambios se han realizado, ambos motivados por la Unión Europea, uno lógico y negociado, otro impuesto e irracional en el que han prevalecido los intereses externos sobre los intereses de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
La sociedad española ha evolucionado mucho más, ha avanzado en sus valores, su forma de comprender las cosas ha cambiado y sobre todo su modo de actuar. Es por ello que ahora es necesaria una modificación de nuestra Constitución, una transformación que permita al 70% de la población actual que no se pronunció sobre la misma, sentirla como suya, partícipe de la construcción de un nuevo molde para la sociedad que queremos construir.
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) entendemos que es necesario introducir en nuestra carta magna una serie de cuestiones o que no están integradas, o que no están suficientemente defendidas o que no están lo suficientemente claras. Es imprescindible que los derechos sociales sean incluidos en nuestro texto fundamental, que los derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo, la sanidad o la educación estén claramente defendidos y supeditados al interés general, una estructura de competencias clara y concreta que dividan entre los ayuntamientos, las autonomías y el estado, permitiendo la suficiencia financiera de cada uno de los estamentos. Lograr una mayor independencia del poder judicial, que evite la actual injerencia política; la desaparición del Senado o la elección de la forma de Estado.
Pero sobre todo, desde el MDyC entendemos que debe ser una nueva Constitución de todos y todas, un nuevo consenso en el que la participación de los ciudadanos y ciudadanas sea decisiva y esté por encima de acuerdos bipartidistas que sólo beneficien a las estructuras actuales, perdurando los intereses de las actuales clases poderosas.
Cuando nuestros políticos se han visto obligados a cambiar nuestra Constitución, no ha existido ninguna dificultad para llevarla a cabo, los supuestos intereses generales del Estado lo exigían, a pesar de que nadie los entendiese y pocos los compartieran; cuando es la sociedad la que exige ese cambio, sólo ven problemas insalvables que buscan la división de los españoles y que no sólo son innecesarias sino que provocan la ruptura de la convivencia que tanto costó, quizás lo que temen es que se acaben sus prebendas.
Es incomprensible que quienes están descomponiendo el Estado social y democrático de derecho que implantaba nuestra Constitución sean sus más aguerridos defensores, quienes por la terrible reducción del gasto público han provocado el desmantelamiento de la sanidad pública, la reducción de la educación, la aplicación de una ley de pensiones que reduce la capacidad adquisitiva de nuestros mayores, la práctica desaparición de los derechos sociales que están amparados en la ley de dependencia y a la que han dejado sin recursos, etc. Una defensa numantina que sólo busca afianzar sus privilegios.
Y en el campo de las libertades es irrisorio que se proclamen adalides del texto fundamental quienes han impuesto una ley de seguridad que atenta contra las libertades fundamentales como la de reunión, expresión o manifestación, por las que tanto ha luchado la sociedad, o se violen los Derechos Humanos con el reconocimiento de las llamadas “devoluciones en caliente”, o nos ridiculicen ante el mundo con la supresión de la justicia universal que puso en libertad a delincuentes internacionales. Para estos cambios que reducen nuestros derechos y libertades sí pueden pisotear la Constitución.
O como ahora, quienes corrieron asustados a modificar nuestra norma fundamental, azuzados por réditos extranjeros y en contra de los intereses de la sociedad, vengan ahora reclamando un papel reformador que nadie les ha solicitado, imponiendo unas estructuras territoriales que no fueron capaces de implantar modificando la Constitución directamente y lo intentaron por la puerta de atrás con la modificación de unos estatutos completamente enfrentados a ella y que lo único que pretendían era una reforma constitucional sin cumplir la Constitución.
Quienes deberían ser los máximos cumplidores de las leyes y sobre todo de nuestra Constitución son los que más se la saltan, quienes deberían predicar con el ejemplo de su actuación son los que nos empujan al resto de los ciudadanos y las ciudadanas de España a exigir que nuestra Carta Magna vuelva a ser la de todos y todas, vuelva a ser un núcleo de cohesión y, sobre todo, de futuro. Y para ello una gran mayoría de la sociedad estamos por cambiar la Constitución, para que ellos no puedan robarnos la democracia que nos dimos y podamos incluir en nuestra norma las cuestiones que entre todos y todas decidamos.
